Vuelve a debate ley sobre costas

PANAMA. Hay miles de panameños que están en vilo. Son aquellos que tienen derechos posesorios sobre sus casas y que luego del anuncio del gobierno sobre la posible derogación de la ley de islas y costas ya no saben qué pensar. Esto ocurriría si la Corte Suprema de Justicia acoge la demanda que presentó el abogado Samuel Velásquez, apoyado porPublio Cortés, director de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, para que se declare inconstitucional la Ley 23 que regula la adjudicación de zonas costeras y fue aprobada un mes antes de las elecciones que llevaron a Martinelli al Palacio de las Garzas.

La situación se ha vuelto confusa en extremo. Mientras algunos defienden la ley otros la critican, mientras otros denuncian intereses personales de los funcionarios. Los hay también que hablan de inseguridad jurídica y hasta un propietario estadounidense se pregunta: “¿Y qué va a pasar con todos los extranjeros que compraron derechos posesorios y construyeron sus casas en Bocas de Toro y en Boquete? Esto se define de una sola forma: inseguridad jurídica".

El diputado Freidi Torres, principal propulsor de la ley, define como “atracadores” al nuevo gobierno. Para Torres todo ha sido un cambio repentino. Dice que la propuesta lo sorprende porque que en los debates de la ley, muchos copartidarios del presidente Ricardo Martinelli asistieron y se mostraron de acuerdo. “Todos los artículos que ahora objetan fueron discutidos durante cinco años”. Y señala con el dedo a Publio Cortés, según él, “un funcionario del gobierno mireyista, quien se niega a darle las tierras a humildes campesinos”. “A mí me gustaría conocer las verdaderas motivaciones del cambio de la ley. Existen muchas otras que violan la Constitución y no se ha hecho nada”, analiza, el catedrático, Miguel Antonio Bernal. La administradora de la Autoridad de los Recursos Marinos, Diana Araúz le preocupa que la adjudicación de las playas mine el acceso público a las costas y que se dificulte el cuidado de especies marinas como en los lugares donde anidan las tortugas. Mientras tanto, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, se reunió anoche. Participaron personas con propiedades en Bocas del Toro, en las costas de Colón y Chiriquí.

En la intervención del diácono Héctor Carrasquilla dijo que existen 25 mil predios en áreas costeras de las que el 90% están ocupadas por personas humildes.

Y lo que más le preocupa es el silencio que guarda el presidente Ricardo Martinelli, luego que en su discurso de toma de posesión prometió darles gratis las tierras a las personas que residen en estas áreas.

Tomás Palma, un residente de la costas de Colón dio voz de aliento al grupo para que esta vez se pelee por sus derechos, pues considera que todo se maneja bajo intereses, “y yo que pensaba que el del problema era el gobierno de Martín”. Mientras se espera el fallo de la Corte, ya habría un equipo del gobierno trabajando en el borrador de una nueva ley de la que no se conocen detalles.

Las costas vuelven al centro de la escena pública.