Jueza suplente en el banquillo

PANAMÁ. El Órgano Judicial vuelve a estremecerse, esta vez con la noticia de la conducción de la jueza suplente Zulay Rodríguez, a quien hasta la tarde de ayer se le había girado una orden de conducción por la posible comisión de supuestas irregularidades en la ejecución de sus funciones.

Este hecho fue confirmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aníbal Salas, y el asesor del procurador suplente, Neftalí Jaén. Este último confirmó que hay una investigación y que desde la tarde del pasado miércoles la Policía busca a Rodríguez.

Salas manifestó que la investigación contra la jueza suplente tiene relación con el otorgamiento de una fianza, pero debido a que la investigación está en curso no podía dar mayor información.

Rodríguez no se presentó y en su lugar su equipo legal presentó un hábeas corpus preventivo.

VERSIÓN DE LA JUEZA

En octubre de 2009, la jueza suplente, actuando como abogada en ejercicio, toma el caso del empresario Lidio Albino Rancharan. Ocho meses después, Zulay Rodríguez cuenta que seguía tratando de cobrarle sus honorarios profesionales, que ascendían a varios miles de dólares.

Pasados unos días, descubre que su amigo, el abogado Ítalo Antinori, es el nuevo abogado de Rancharan.

De acuerdo con declaraciones de Rodríguez, Ítalo le pidió que desistiera de sus honorarios profesionales, pero ella no lo aceptó y es allí, según la juez suplente, que empiezan sus problemas.

Circulan una serie de correos en donde se le vincula a trabajos ilícitos como jueza e incluso se menciona que la DEA la investiga por colaborar con la salida de narcotraficantes al otorgar fianzas de excarcelación de hasta 50 mil dólares.

VERSIÓN JUDICIAL

El fiscal segundo de Drogas, William Parodi, está llevando la investigación.

Según informó una fuente judicial, todo inició con la fianza de excarcelación que le otorgó la jueza Rodríguez actuando en el Juzgado Sexto Penal a los supuestos narcotraficantes Agustín Romero Escobar y Manuel Riba de la Cruz, por un monto de 150 mil dólares para cada uno.

Manuel Rivas y De La Cruz fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional, luego de recibir información de inteligencia sobre la venta de 300 kilos de cocaína por un grupo de ciudadanos colombianos.

Según Rodríguez, no había pruebas para negarles la fianza.