"El Gobierno despertó al monstruo", Juan Carlos Tapia

Aunque ya han transcurrido varias semanas desde que el Gobierno Nacional promulgara en Gaceta Oficial la Ley 30, las repercusiones de la misma siguen dando mucho de qué hablar. Por una parte, esta medida llevó al presidente Ricardo Martinelli y a su equipo de ministros a bajar drásticamente en los niveles de aceptación ciudadana en cuanto a su gestión, pero por otro lado, ha logrado el acercamiento entre distintos sectores populares, algunos de ellos hasta ahora antagónicos.

Un análisis similar hizo anoche el comunicador Juan Carlos Tapia, quien aseguró que empujando la Ley 30 lo único que se logró fue “despertar al monstruo y revolver al país”.

Según Tapia, “no había necesidad” de aprobar y sancionar una Ley que en algunos casos repetía, casi al pie de la letra, artículos ya presentes en otras leyes vigentes. La Ley 57 del 27 de diciembre de 1995, referente a los derechos de los miembros de la Policía Nacional, tiene en uno de sus artículos un texto muy similar al que ha levantado en alguna medida el malestar ciudadano.

“¿La parte laboral era necesaria?... pero si ya hay leyes bastante buenas para empresarios y para trabajadores, ¿por qué había que meterse en una Ley que ni siquiera fue anunciada?”, fueron algunas de las interrogantes que lanzó al aire el analista político. La normativa ambiental también resulta sumamente sensitiva, y no había necesidad de abordar el tema.

Tras este desatino, Juan Carlos Tapia señaló que la única salida en este momento está en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva en derecho alguna de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la también llamada Ley Langosta. Tomando esta decisión, “le haría un gran favor al Gobierno, porque es ilegal” toda vez que las sesiones extraordinarias dentro de las cuales se discutió, fueron convocadas por el Presidente para tratar un tema de aviación, pero nunca se dijo que se iban a tocar temas laborales, penales y ambientales.

“Esto es inconstitucional, y lo sabe cualquier abogado recién graduado (…) por ello, si la Corte hiciera su trabajo con independencia le haría un gran favor al Presidente declarando inconstitucional la Ley”. La pregunta que surge para Tapia es: “¿Tiene la la independencia suficiente la Corte para hacer esto? Allí está el reto”, acotó.