Debilidad jurídica de “Panamá, Crisol de Razas” podría dar con otro Willy Cortez

El programa de regulación de estatus migratorio conocido como “Panamá, Crisol de Razas”, que llevó a cabo el Servicio Nacional de Migración (SNM) durante varias jornadas ininterrumpidas en el Centro de Convenciones Atlapa, fue cuestionado hoy en Encontremos Soluciones por el doctor en derecho, Ernesto Cedeño, quien afirmó que no sólo se trató de una situación inusual; para Cedeño la resolución sobre la que se fundamenta el programa tiene claras debilidades jurídicas, ilegalidades que muy bien podrían permitir la aparición de otro asesino en serie como William Cortez, quien presumiblemente ha acabado con la vida de varias personas en la provincia de Bocas del Toro.

“Estoy preocupado porque esto no tiene precedentes, y si hubiera algo como lo que se dio con el individuo que ahora se busca, por una falla en la prestación del servicio público, el Estado podría ser demandado en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo”.

La iniciativa migratoria, que fue aplaudida por algunos sectores de la ciudadanía, contemplaba a extranjeros ilegales casados con panameños, quienes en principio debían ser evaluados por los trabajadores sociales que participaron en el proceso de regularización migratoria extraordinario. Debían presentarse personalmente, con copia del pasaporte, donde figuraran los sellos de entrada y estadía en nuestro país, con lo que se desconocía la figura del apoderado legal. En caso de no contar con un pasaporte, el solicitante podía comparecer con un testigo; ambos estaban en este caso obligados a rendir una Declaración Notarial Jurada.

Cedeño presentó una denuncia pública basada en las condiciones estipuladas en el artículo 171 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008, porque tal y como expuso hoy, a estos individuos no se les solicitó récord policivo de su país de origen, ni se tomaron en consideración otras documentaciones y requisitos necesarios, como el que no tuvieran problemas legales en sus países. Esto no fue incluido en la resolución, y tampoco había personal que pudiera realizar confirmaciones sobre antecedentes penales o criminales a nivel internacional, afirmó el abogado. Tampoco se les pidieron certificados médicos con los que corroborar que estuvieran en buenas condiciones físicas y mentales.

La falta de pruebas que dieran luces sobre su estatus socioeconómico personal, también es algo que para Cedeño debe mirarse con detenimiento, pues para el abogado estas personas, muchas de las cuales no contaban con el dinero para poder pagar su naturalización, se convertirán en un corto plazo, si es que no lo son ya , en una pesada carga para el Estado y en competidores directos de los miles de panameños que intentan ganarse la vida a través de actividades informales.

“Se debe reflexionar, porque si estas medidas se quieren proliferar las autoridades de Migración deben cumplir con las normas jurídicas del país, amén de que no fueron tramitados por abogados como dice en el articulo 28 del decreto de Ley 3.