Dueños de medios tendrán responsabilidad civil si impiden derecho a réplica

Los abogados Julio Miller y Ernesto Cedeño presentaron hoy ante la Asamblea Nacional un anteproyecto que reforma el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005 que dicta medidas en relación con el derecho a réplica rectificación o respuesta.

Lo que se busca el mismo periodista que hizo la noticia equivocada la corrija con el mismo espacio y en el mismo lugar y se ejerza reponsabilidad civil a dueños de medios de comunicación que impidan las réplicas.

El documento, que consta de 4 artículos, sostiene que el propietario del medio será absuelto de responsabilidad si dispuesto el tiempo, el espacio y la oportunidad al presunto afectado para que se publicara su derecho a la rectificación.

"Los medios de comunicación tendrán que reservar un espacio o sección permanente para la publicación o difusión de la réplica, rectificación, respuesta, aclaración y comentario de los lectores o cualquier persona afectada por la noticia", señala el documento.

La Ley 22 indica que la publicación o difusión de la réplica deberá efectuarse dentro de 48 horas siguientes a su recibo y concede un término de 24 horas adicionales cuando el medio compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su voluntad.

Igualmente, la propuesta implica que podrá ejercerse la "responsabilidad civil" en contra del responsable de un medio de comunicación social que no hubiese permitido la difusión de la réplica, rectificación o respuesta afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio.

"Con la misma prominencia que se publica una noticia inexacta con esa misma obligatoriedad se le deben abrir las puertas para que el presunto afectado por la comunicación inexacta tenga la misma oportunidad", manifestó a La Estrella Online el abogado Cedeño.

La propuesta busca que el dueño del medio sea "solidariamente responsable" porque no son los comunicadores que no quieren darle el derecho a réplica a las personas supestasmente afectadas.

Aún la Asamblea evalúa el otro proyecto presentado por gremios periodísticos, abogados y miembros de la sociedad civil para despenalizar totalmente la calumnia e injuria en Panamá.

El documento, para que los funcionarios públicos no puedan querellar penalmente a los periodistas, fue llevado ante la Oficina de Participación Ciudadana y entregado en las propias manos de José Muñoz el pasado 12 de octubre y ni siquiera ha sido prohijada.