Audiencia CIDH: Tortura, desapariciones y entierros clandestinos en El Salvador

Desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal, entierros clandestinos. El estado de excepción en El Salvador deja un rastro de sangre, familias pidiendo justicia por sus muertos y más de 2% de la población nacional tras las rejas.

Esta fue la realidad expuesta durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada la mañana de este lunes 26 de octubre en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

De acuerdo a David Morales, de la Fundación Cristosal, se han podido confirmar 454 muertes de personas bajo custodia del estado salvadoreño, entre ellas 33 mujeres, 3 niñas y 1 niño. Morales advierte que la cifra real es seguramente más alta y que se continúan las investigaciones.

Morales añadió que las investigaciones hechas por la fundación encontraron que 78% de los muertos no tenían ninguna vinculación con pandillas.

El Salvador se mantiene en un estado de excepción desde el 2022. Durante los últimos 4 años, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado reformas penales, permitiendo que personas detenidas pasen hasta 15 días antes de ir a una instancia judicial y hasta 2 años sin recibir un juicio, según se relató durante la audiencia de la CIDH.

“Convirtieron tribunales contra el crimen organizado en tribunales de excepción que aplican un procedimiento ad hoc inquisitorio para llevar adelante juicios masivos”, lamentó Morales. “No existen investigaciones serias para determinar estructuras criminales de pandillas”, añadió. Detalló que las acusaciones se basan en declaraciones de testigos sin rostro, de delatores que reciben beneficios a cambio de su testimonio.

Ingrid Escobar es la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador. Su hermano murió a golpes dentro de una cárcel salvadoreña.

“Está bien buscar seguridad nacional, pero no a costa de simplemente cambiar de verdugo”, manifestó. “No nos vamos a callar. Exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. Basta de la barbarie bajo la custodia del Estado”, exclamó.

La audiencia no contó con la participación de ningún representante del gobierno salvadoreño.

“Tenemos más preguntas que deberían ser respondidas por el Estado y no la sociedad civil. Sin la presencia del Estado nos resulta muy difícil comprender las justificaciones que están llevando adelante en estos estados de excepción que se han prorrogado ya cuatro años”, señaló Andrea Pochak, primera vicepresidenta de la CIDH. “Lo que dijo la sociedad civil y la ONU es consistente y coherente con lo que la CIDH viene advirtiendo sobre el Salvador. Cincuenta y seis prórrogas ya no hay excepcionalidad que justifique”, acotó.

Recordó que además de las más de 450 muertes en custodia, se reportan entierros clandestinos de personas detenidas por el Estado, sin que los familiares hayan recibido los restos. Estos y otros reportes constituyen lo que organizaciones internacionales han calificado de crímenes de lesa humanidad.

Riyad Insanally, comisionado de la CIDH y relator para El Salvador, planteó que hay varias preguntas que necesitan ser respondidas. Específicamente, se refirió al anuncio del presidente Bukele de que se revisarán los casos de más de 10 mil personas detenidas por su presunta vinculación con pandillas.

“¿Quien va a determinar que colaboradores se beneficiarian con esta medida? ¿Serán jueces o fiscales? ¿O se creará un organismo del poder Ejecutivo para ello? ¿Se reabrirán los casos ya cerrado o solo se revisarán los que están pendientes? ¿Qué ocurrirá con las personas inocentes?”, cuestionó Insanally. ”Hemos tenido conocimiento de casos de personas presuntamente inocentes que se han visto obligadas a declararse culpables para poder recuperar su libertad. ¿Volverá a ocurrir esto?”, cuestionó.

La CIDH inició, este lunes en Panamá, su 197 período de sesiones, que concluye el próximo viernes en el que sostendrá unas 30 audiencias sobre independencia judicial, migración, infancia, población carcelaria, derechos sexuales y reclamos de grupos indígenas sobre el derecho territorial y contra la industria extractivista.