El escándalo permanente

Cuando el recién jubilado coronel Roberto Díaz Herrera tuvo que decidir con qué secretos del estado mayor de Manuel Antonio Noriega estremecer los cimientos del país, se decantó, en entre otros delitos, sobre todo por uno: el otorgamiento fraudulento de visas de residencia.

Un cuarto de siglo después, podría decirse que en la conciencia general esta actividad ilegal se disputa el top cinco de los actos de corrupción pública. La democracia no supo cambiar el flujo de la historia: durante las cuatro administraciones posteriores al gobierno militar (1990- 2009), 54 funcionarios han sido destituidos en el Servicio Nacional de Migración principalmente por delitos de corrupción. Bajo la presidencia de Guillermo Endara, 7; con Ernesto Pérez Balladares, 14; con Mireya Moscoso, 18; y con Martín Torrijos, 15.Como si la venta de visas fuera una política de Estado que se respeta y que logró un consenso general sin importar el color partidario.

Solo que es una política para el mal. La tragedia de la corrupción institucionalizada. Que preocupa severamente a Estados Unidos que cree que si Panamá no mejora los controles puede convertirse en un trampolín de ilegales y hasta terroristas con destino hacia el norte. Vale aclarar que la mayoría de los casos denunciados en los últimos 30 años nunca han sido sancionados, ni siquiera investigados en profundidad. Hasta ahora.

CHANCHULLOS

1987. Díaz Herrera, frustrado por su retiro obligatorio de las Fuerzas de Defensa, relató como él mismo junto a otros militares se habían beneficiado durante años con ese fluir constante de dinero negro proveniente de la venta de visas a ciudadanos cubanos y chinos. Sus declaraciones dieron inicio a una larga crisis que concluyó con la invasión y la caída de Noriega. Díaz Herrera lo recuerda así: el abogado José Pablo Velásquéz, padre del entonces ministro de Vivienda, el doctor Roberto Velásquez –como otros abogados-, tramitaba documentos en migración. Sus servicios eran sorprendentemente expeditos y eficientes, por lo que tenía muchos clientes. ‘Era un cuasi monopolio’, dice Díaz Herrera. Este abogado era tan generoso que compartía sus regalías con los altos jerarcas en la comandancia: el general Noriega y los coroneles Marcos Justines y el propio Díaz Herrera.

Todavía más curioso es que el ‘militar místico’, si bien logró destapar la olla de grillos, no considera haber cometido con ello un acto ilícito. ‘Lo que yo dije fue que esta casa es medio robada, pero yo no he cometido dolo alguno. Lo que recibía era en concepto de honorarios profesionales que no tiene nada de malo’, justificó el ex militar a La Estrella.

Con la llegada de la democracia, Endara dejó las decisiones en materia de migración en las manos del dirigente panameñista Antonio Domínguez.

Sin remordimiento alguno, Domínguez afirma que nunca admitió a ningún ciudadano extranjero de forma irregular. ‘Yo autorizaba las visas que llenaban los requisitos. En mi tiempo no habían visas restringidas’, aclara. ‘La mayoría de visas que yo di era para hijos, esposos, padres y otras que yo consideraba que procedían. Muchas de estas resultaron en negocios que se instalaron aquí’, relató.

Dice que en su momento le ofrecieron dos millones de dólares para permitir el desembarco en tierras panameñas de una nave con 300 chinos, lo cual rechazó. ‘Si alguien cobró no fui yo. Y nadie me ha podido probar nada, yo salí más pobre de lo que llegué allí’, aclara.

Durante su gestión, algunos expedientes tramitados de visas para ciudadanos chinos llegaron al conocimiento del diario El Siglo, el cual divulgó varios casos bajo el supuesto tráfico de influencias, pero que nunca fueron investigados por la justicia. De esa serie de publicaciones a Dominguez le quedó el seudónimo: ‘Dominwa’, con el cual todavía se le reconoce.

EL CONSEJO

Fue durante la gestión de Ernesto Pérez Balladares cuando se involucró al Consejo de Seguridad Nacional en la tramitación de las visas de nacionalidades restringidas (chinos, africanos, árabes y otros), supuestamente con el fin de fiscalizar las actuaciones de la Dirección de Migración.

Germán Gil Sánchez estuvo al frente de la entidad migratoria y abandonó el cargo en 1999 tras la salida de su cuñado y ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro. A Gil Sánchez se le vinculó con el otorgamiento irregular de al menos 140 visas, lo que aducen fue el motivo de su salida de la institución.

Pero el verdadero escándalo se desató en mayo de 1999, cuando la entonces directora del Consejo de Seguridad, Samantha Smith, y el propio presidente Pérez Balladares, fueron investigados por autoridades estadounidenses al percatarse que mensualmente un promedio de 35 ciudadanos chinos indocumentados estaban saliendo de Panamá para ingresar luego ilegalmente a los Estados Unidos -ver recuadro-.

Al asumir la presidencia Mireya Moscoso (1999), se designó a Ilka Barés (esposa del director de la Policía, Carlos ‘Toti’ Barés) directora de Migración. Y como en las administraciones anteriores, las supuestas irregularidades con visas restringidas no se hicieron esperar.

Éste no sería el mayor de los escándalos en materia migratoria que tendría el gobierno de Moscoso. Durante su gestión el tráfico de asiáticos tomó otros ribetes y hasta se llegó a decir que tuvo que ver con la liberación del disidente cubano Luis Posada Carriles, aprendido por intentar matar en suelo panameño al presidente de Cuba, Fidel Castro.

Según se consignó en aquel entonces, la salida del país de Posada Carriles estuvo antecedida de una operación de tráfico humano, mediante la cual unos 500 ciudadanos chinos entraron fraudulentamente a Panamá, pagando unos seis millones de dólares. Se asoció en la operación al jefe del Consejo de Seguridad de entonces, Ramiro Jarvis, y al propio Carlos Barés, quienes personalmente escoltaron a Posada Carriles en su salida del país. Por los supuestos chinos ilegales nunca se efectuó una investigación.

En el periodo de Moscoso se llevaron a cabo algunas iniciativas dirigidas a ‘ordenar’ el tema de la admisión o rechazo de nacionalidades restringidas. Fue así que incluso se hizo hasta un censo en el que unos 1,500 asiáticos confirmaban haber ingresado al país de forma fraudulenta.

‘El Consejo de Seguridad fue muy bien coordinado. Ellos investigaban a las personas y se consideraba si sí o si no. Y no se le daba la oportunidad de ingresar a esos casos dudosos o con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo’, comentó la ex presidenta, quien alegó que a ella personalmente no le solicitaron favores especiales en este sentido. ‘Conmigo nunca, pero no puedo hablar por los demás’.

EL BOOM MIGRATORIO

La segunda mitad de la primera década del siglo trajo una bonanza económica que marcó la administración del presidente Martín Torrijos. Esta opulencia venía impregnada con el arribo de nacionales de otros países, como jubilados europeos, norteamericanos y canadienses e igualmente inversionistas venezolanos. Para manejar tal brote migratorio, Torrijos designó como primer director de migración a Ramón Lima del Partido Popular, el cual reconoció -ya habiendo abandonado el cargo- el ingreso y la permanencia ilegal de numerosos ciudadanos colombianos y chinos, ‘que en el caso de estos últimos, pueden estar relacionados con el delito internacional de tráfico de personas’, apuntó.

Al inicio de su gestión- que duró tan solo diez meses- Lima tuvo que lidiar con una serie de casos de visas para cubanos clonadas entregadas en los tiempos de Ilka Barés, pero las investigaciones no prosperaron.

Lima asegura que en ‘mi corta gestión no recibí petición alguna para la agilización de visas restringidas’, pero sí reconoció que probablemente su subdirector Carmelo González, del PRD, sí haya podido recibir solicitudes de tratos especiales, toda vez que era frecuentemente visitado por sus copartidarios, diputados del PRD.

El 22 febrero del 2008 se promulgó la Ley No. 3, mediante la cual la dirección se convirtió en el Servicio Nacional de Migración, que quedó a cargo de Clovis Sinisterra.

Aunque en el periodo del presidente Torrijos los supuestos chanchullos en migración no fueron los más notorios (de tantos que hubo en también en otras dependencias), tan sólo bastó que cambiara el gobierno para que la nube negra de la corrupción se asomara en el firmamento.

El gobierno actual de Ricardo Martinelli destapó entre sus primeras acusaciones (julio 2009) la existencia de una presunta red para la emisión de visas fraudulentas, conformada por funcionarios de la administración PRD, asociados con firmas de abogados e incluso hasta diputados. Según las nuevas autoridades de migración, una investigación realizada en conjunto por esa entidad y el Consejo de Seguridad, descubrió la emisión de quince visas para ciudadanos chinos, sin el permiso de las autoridades correspondientes.

Todavía es prematuro precisar como la historia recordará la gestión de la actual directora de Migración María Cristina González, funcionaria de extrema confianza que proviene del íntimo riñón del presidente Ricardo Martinelli. Lo que sí se puede enunciar con certeza es que este gobierno parece no poder escapar a la misma tentación que sus antecesores con el otorgamiento irregular de visas restringidas.

A partir de mañana entérese cómo continúa -bajo la batuta del presidente Ricardo Martinelli- el eterno negociado en migración, sus métodos de operación y sus principales protagonistas.