CSS pensionaría de por vida a envenenados

PANAMÁ. Gabriel Pascual, dirigente del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, no confía en el director de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez Llorens, quien se comprometió a buscar una fórmula para pensionar a los afectados por el dietilenglicol.

Pascual considera necesario que mediante un escrito en blanco y negro proveniente del Ejecutivo se deje constancia del compromiso porque, de lo contrario, será un promesa más.

‘Estamos cansados de las promesas del director de la CSS, todas han sido mentiras’, sentenció.

El dirigente de los familiares y víctimas del jarabe envenenado mencionó que en cinco años desde que ocurrió la tragedia no han recibido una respuesta concreta para los afectados.

Pese a que esta administración aprobó una Ley que debería favorecer a los afectados, Pascual sostiene que ha sido el propio director de la CSS quien ha violado los artículos 4 y 5 de la Ley 13 de marzo de 2010, mediante la cual se garantiza la entrega de insumos y medicamentos a las personas envenenadas y una plaza laboral para los familiares y víctimas.

‘Crearon el Centro de Toxicología, pero sólo es estructura’, lamentó Pascual.

Ayer, tras las protestas del Comité en la Transístmica, Guillermo Sáez Llorens informó que buscará la fórmula para pensionar a las personas que resultaron positivos con el jarabe envenenado.

‘Necesitamos estar seguros primero de quiénes son realmente los positivos y a través del Estado y la junta directiva vamos a pensionarlos’, dijo.

El funcionario explicó el proceso que seguirá para lograrlo: ‘desde hoy vamos a trabajar en eso y la próxima semana lo llevaremos a junta directiva para que sea analizado en base a la ley nuestra y de allí a las otras instancias para que todos estén de acuerdo; porque sí sentimos que son personas que merecen una pensión’.

En tanto, Marlon de Sousa, subdirector de la entidad de seguridad social, dijo que las respuestas de las autoridades se deben al número de personas y no a un pequeño grupo, refiriéndose a los que desde hace dos días participan en las protestas.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha censado a 980 personas de las cuales 200 han resultado certificadas como positivas.

Las pensiones de los afectados dependerá, entre otros factores, de la edad.

En conferencia de prensa, las autoridades reconocieron que por ser la entidad donde se originó la tragedia asumirán la responsabilidad.