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- 03/03/2012 18:24
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Al menos 15 tipo de violaciones a los Derechos Humanos se han identidicado en la protesta de los indígenas contra la minería e hidroeléctricas.
Todo está recogido en un informe de gira de observación de Derechos Humanos luego de las protestas contra la minería e hidroeléctricas en la Comarca Ngöbe Buglé y en las provincias de Chiriquí y Veraguas.
El documento, fue elaborado por un equipo de investigación de grupos como la Comisión de Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Centro de Estudios y Accion Social Panameño (CEASPA), en una gira del viernes 10 al lunes 13 de febrero de 2012.
Seis días después de los enfrentamientos entre indígenas y antimotines, los expertos entre los hallazgos fundamentales indican que hay indicios que gran parte de los manifestantes eran mujeres y menores de edad, ya que familias enteras bajaron de sus comunidades hasta los puntos de movilización.
Asimismo comprobaron que no existen indicios que las personas convocadas por la Coordinadora indígena y las autoridades tradicionales hayan utilizado armas letales.
El informe expresa que existen indicios que el Estado panameño, además de medios y procedimientos para el control de multitudes y disturbios civiles, "utilizó tácticas militares y armas letales, o armas no letales en forma letal".
Detalla que se utilizaron buses del Ministerio de Educación (MEDUCA) "para privar de libertad, maltratar y trasladar a los centros de detención" a las y los indígenas detenidos.
La pruebas recabadas fueron fichas de entrevista general, relatos testimoniales, fotos, audio, video y copias de documentos.
Ademas, las rutas de investigación fueron 14 lugares visitados: Santiago, Ojo de Agua y Viguí (Veraguas); Tolé, San Félix, Horconcito, Las Lomas, Volcán, Cerro Punta, Boquete y David (Chiriquí); y Alto Caballero, Chichica y Cerro Coco (Comarca Ngöbe-Buglé).
Entre las acción urgentes que se recomiendan son constituir una Comisión sobre Uso de la Fuerza para profundizar en el examen técnico de las tácticas, logísticas e instrumentos policiales-militares utilizados en los hechos.
La Asamblea General de la Asamblea Ciudadana, analizó el documento este sábado y mediante un comunicado se ratificó en su señalamiento de que las actuales normas y autoridades que rigen Panamá, "han demostrado su desgaste e incapacidad", y que se requiere un nuevo ordenamiento general, que solo puede lograrse mediante una Constituyente, en donde se garantice el verdadero poder originario que emana del pueblo panameño.