Juez con 30 días para el veredicto

PANAMÁ. El segundo y último día de la audiencia a los periodistas de Televisora Nacional (TVN) Kelyneth Pérez, Siria Miranda y Eduardo Lim Yueng, acusados de calumnia e injuria por el sargento de la Policía Nacional Javier Pinto, culminó ayer.

La difusión de un vídeo en el que se observa a la unidad supuestamente recibiendo dinero de un civil a cambio de no ser sancionado tras cometer una infracción de tránsito fue el objeto de la denuncia contra los comunicadores y dicho vídeo sin editar fue ayer analizado por dos peritos.

Los expertos coincidieron en que observaron ‘papel moneda’ o billetes, aunque no se pudo observar las denominaciones.

Aún así, la fiscal Dania Ríos y el abogado acusador desestimaron los análisis de los peritos y reiteraron que los comunicadores actuaron de forma malintencionada, por lo que deben ser condenados.

En tanto, el juez decimoséptimo de lo penal, José Félix Sánchez, decidió acogerse al tiempo máximo que le permite la ley para fallar en el caso, un período de 30 días hábiles.

Entre los testigos que dieron su versión ante los tribunales estuvo el oficial Teófilo Moreno, quien fungía como director de Operaciones del Tránsito al momento de la divulgación del vídeo y que en esos días acudió a los estudios de TVN y evaluó la situación como un caso de flagrancia y aseguró en público que la Policía tomaría acciones ‘inmediatas’.

Durante los alegatos finales, la fiscal Ríos solicitó al juez que condenara a los tres comunicadores.

Según ella, los periodistas merecen una sentencia condenatoria por haber hecho afirmaciones sobre un vídeo sin haber confirmado que realmente hubo una conducta ilícita.

Incluso se habló de desestimar el vídeo como prueba.

Carlos Carrillo, abogado defensor, señaló que esta prueba es esencial en la defensa de los tres periodistas y solicitó a las autoridades que se utilice como parte de las investigaciones.

Los periodistas, por su parte, aseguraron sentirse tranquilos y dijeron en todo momento que esperan que las autoridades competentes fallen en estricto derecho, toda vez que cumplieron con su deber —y derecho constitucional— de informar.

En el 2009, TVN difundió el vídeo, aunque no se mostró el rostro de ninguna de las dos personas, el sargento Javier Pinto demandó a los comunicadores sustentando que tanto él como su familia sufrieron perjuicios. Además, asegura que no cobró coima.