‘Posposición del Sistema Penal Acusatorio sería inconstitucional’

PANAMÁ. El proyecto de ley 563 —que posterga el Sistema Penal Acusatorio (SPA) por dos años—, aprobado ayer en tercer debate en la Asamblea Nacional podría ser demandado por inconstitucional, advirtieron ayer expertos en materia judicial.

Uno de ellos fue el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, quien explicó que existe una posible violación a la Carta Magna, que en su artículo 17 establece que todos tenemos los mismos derechos ante la Ley.

Ruiloba fundamenta su tesis tomando en cuenta que al retrasarse la implementación del SPA en las provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, en estas regiones dominará el viejo sistema inquisitivo, mientras que en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las leyes se regirán con el SPA, lo que provocará la aplicación de dos tipos de justicia en el país.

En ese mismo orden de ideas, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño manifestó que ‘se está interrumpiendo el Sistema Penal Acusatorio, no posponiéndolo’, lo que constituye una violación al principio de igualdad de la Ley porque no pueden aplicarse dos tipos de justicia en el país.

Las declaraciones de ambos juristas se dieron en una conferencia de prensa en la que representantes de gremios de abogados y organizaciones ciudadanas pidieron al presidente Ricardo Martinelli que vete el proyecto de ley y se inicie un diálogo para que a través de una comisión técnica se pueda discutir el tema de manera más participativa, con la finalidad de buscar mecanismos que contribuyan a continuar con la aplicación del SPA en todas las provincias.

Por su parte, Jaime Abad, exdirector de la PTJ, expuso que el gobierno tiene que brindar un informe sobre las donaciones internacionales que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de Estados Unidos, la Comunidad Europea, la Cooperación Española, entre otras organizaciones, para la implementación del SPA en el país.

Desde la perspectiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, la decisión de aplazar el SPA es una clara decisión gubernamental de continuar con el proceso de deterioro de la justicia panameña, en detrimento de las personas sometidas a la justicia penal en calidad de víctimas o sindicados.

Esta organización no gubernamental plantea que la implementación del SPA no se puede detener, porque su implementación en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Coclé ha sido efectiva. Así lo demuestran los informes de gestión del Ministerio Público del año pasado, donde se destaca que lo que en el Sistema Mixto duraba 172 días, con el SPA solo dura 58 días.

Además, el 73.2 de las sentencias dictadas en estas regiones se realizaron por acuerdos de pena, mecanismo que constituye uno de los procedimientos alternos de solución de conflictos. En total se registraron 189 sentencias, de las cuales 183 son condenatorias y 6 absolutorias.