Autoridad Nacional de Transparencia fue promulgada en Gaceta

La Ley 33 de 25 de abril de 2013, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, fue promulgada por el gobierno este viernes 26 de abril.

La nueva entidad, que reemplaza al Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, salió en la Gaceta 27275-A.

La Ley 33, que fue sancionada este jueves 25 de abril por el presidente Ricardo Martinelli, consta de 51 artículos y empieza a regir este sábado 27 de abril.

Esta nueva autoridad entre sus funciones tiene la de velar por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución en materia de Derecho Constitucional de Petición y acceso a la información, así como los previstos en convenios, acuerdos, tratados, programas nacionales e internacionales en materia de prevención contra la corrupción y la inserción e implementación de nuevas políticas de prevención en la gestión pública a nivel gubernamental.

La institución eleva el nivel de accionar de la entidad para beneficio del país, paso que debe comunicarse a los organismos internacionales ONU y a la OEA, en atención al artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, según una nota de la Presidencia.

El artículo 12 del Capítulo V de la Ley 33 de 2013 establece que el director general será nombrado por el Ejecutivo y ratificado por la Asamblea para un periodo de 7 años prorrogable por una sola vez.

Y el artículo 14 detalla que el director general tendrá la consideración de alta autoridad del Estado a nivel nacional y remuneración de ministro de Estado (10 mil dólares). A nivel internacional tendrá el título de embajador plenipotenciario de la República de Panamá para el debido cumplimiento de sus funciones.

La oposición criticó que el gobierno lo que busca es concentrar más poder con esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información debido a que el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción sirve, pero no lo investiga nada.

Abigail Benzadón es la actual secretaria Anticorrupción y ha defendido la entidad, incluso ha encarado cuestionamientos de Angélica Maytín, del capítulo panameño de Transparencia Internacional, que alega que hubiese tenido más impacto que se elaborara una ley para proteger a las personas que denuncian la corrupción.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño contó que uno de los aspectos positivos de la nueva entidad es que podrá aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual, siempre que se compruebe incumplimiento de la Ley de Transparencia y de la Ley 33.

No obstante, como aspecto negativo, explicó que la remuneración del representante legal de la institución será la de un ministro de Estado, cuando en otras latitudes internacionales no se emolumenta al más alto nivel.