Fiscalía Séptima, pendiente de vista

PANAMÁ. La defensa legal del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) espera que la Fiscalía Séptima tome una posición sobre el escrito de vencimiento de plazo para investigar una querella por supuesta calumnia e injuria, interpuesta por Nelson Carreyó, contra La Estrella.

Según la jurista Marcela Araúz, representante de GESE, el fiscal Séptimo José Osorio arrancó las pesquisas el 20 de febrero pasado, y estas debían concluir cuatro meses después; es decir, el 20 de junio. Empero, hasta ayer no había constancia de que el investigador haya elevado el expediente al Órgano Judicial con su vista fiscal.

Los abogados de la editora confirmaron que interpusieron un impulso procesal para conseguir la respuesta de Osorio.

Carreyó querelló a los dia rios La Estrella y El Siglo por sendas glosas publicadas el 16 y 18 de diciembre, en las que, dice, se le afectó su honra.

La postura de los abogados de GESE se reafirmó luego que este martes la Fiscalía Octava solicitara el archivo del expediente de Carreyó contra El Siglo, al corroborar que había vencido el plazo para instruir las sumarias.

La fiscal Dania Ríos solicitó al poder judicial sobreseer definitivamente al tabloide porque entre el 18 de febrero y el 18 de junio no había podido acreditar las pruebas necesarias para encausarlo por la querella de Carreyó.

No se pudo comprobar que hubo dolo en la publicación.

La próxima semana podría conocerse a qué juzgado penal iría la vista fiscal de Ríos.

Ante ambas fiscalías el presidente de GESE, Eduardo Quirós, aclaró que no permitiría que se inspeccionaran la redacción de sus diarios, como en tres ocasiones pretendió la Fiscalía Octava. La editora denunció, además, presiones del Ministerio Público para conocer la fuente de las publicaciones que convidaron a Carreyó a quejarse legalmente.

La fiscal Octava, en su petición al Órgano Judicial de archivar el caso contra El Siglo, insistió en que con la diligencia que programó a las oficinas del diario nunca pretendió conseguir la fuente de la glosa.

Gremios periodísticos locales interpretaron la situación como un intento de golpe a la libertad de prensa, de expresión y al derecho a informar.