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- 11/07/2013 11:07
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Patria Portugal presentará finalmente sus descargos. ¿Se quedará en el cargo, renunciará o la echarán o terminará sometida a una rigurosa investigación? Más de 60 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz piden su cabeza.
Ayer miércoles hasta la Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Panamá recogían firmas para solicitar la remoción de la defensora. La lista iba por más de 350 firmas.
Algunos sectores políticos hablan que su caso es una estrategia del gobierno de Ricardo Martinelli, otros creen que es una emboscada para que Portugal deje a un lado las investigaciones por la muerte de su padre Heliodoro Portugal, secuestrado el 14 de mayo de 1970.
¿Tiene Portugal los argumentos para defenderse? Cuáles son las razones por la que piden su cabeza. Conócelas aquí.
En la Procuraduría General se presentaron dos denuncias contra Portugal por las concesiones de sendos contratos a Imaginariun Studio, encargado del desarrollo de la web y contra En Avant S.A que ofreció la consultoría.
La sociedad civil acusó a la defensora de supuestos actos de corrupción. Las investigaciones a Portugal partieron luego que la directora de la Autoridad de Transparencia, Abigail Benzadón, concluyó que se cometieron irregularidades.
Esta empresa, de acuerdo con Panamá Compra, en mayo de 2012 también le prestó servicios de diseño gráfico al Ministerio de Seguridad [diseño de una revista por $988].
Ortega es hijo de Jazmine Ramírez, directora nacional de compras y abastos de la Caja de Seguro Social. En agosto de 2012, la Defensoría del Pueblo se comprometió de forma directa con la empresa En Avant, S. A. por $200 mil dólares en concepto de consultoría para capacitar a su personal en la atención al cliente.
Ramírez, madre de Ortega, creó la compañía En Avant, S.A. en 2003, pero antes de firmar el contrato con la Defensoría, salió de la directiva de la empresa y Bethsy Sánchez tomó su lugar.
La ubicación de la empresa Imaginarium Studio queda en La Boca, Balboa, Williamsom Place, 0754, la vivienda donde reside la familia Ortega Ramírez.
El pasado 29 de mayo, 30 agrupaciones se pronunciaron contra Portugal y le pidieron a la defensora que renunciara al cargo. El 24 de junio, otras 21 organizaciones exigieron lo mismo. Y ayer, otras 30 organizaciones más se unieron contra la defensora.
Quizás el error más grande de Patria Portugal fue declarar que le parecían baratas las contrataciones que estaban sujetas a enormes cuestionamientos.
La CSJ le negó la acumulación de casos, pero sí le aprobó a Belfon accesar a la Defensoría del Pueblo para investigar el manejo y movimiento de recursos en la entidad.