Contadores reclaman inconstitucionalidad

PANAMÁ. Ayer, el Movimiento de Contadores Públicos Independientes (MCPI) presentó ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas data al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para conseguir copias autenticadas del contrato al consultor extranjero que elaboró el borrador de proyecto de ley para regular esta profesión, y aseguraron que presentarán una ‘advertencia de inconstitucionalidad’ contra el documento citado.

Rodolfo Guillén, presidente del MCPI, explicó que 30 días antes de interponer el recurso para obtener información, acudieron al MICI con la misma petición, pero hasta el día de ayer no habían recibido respuesta.

El interés de la asociación por obtener el contrato del consultor puertorriqueño Juan Flores Galarza radica en constatar si se le ha pagado $110 mil por el mismo servicio que ellos prestaron gratis hace un año y medio, cuando redactaron otro borrador para reformar la Ley 57 del 1 de septiembre de 1978 y que fue archivada en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con lo explicado por Guillén, el documento divide a los contadores en dos clases, el contador público autorizado (CPA), que se gradúa de la universidad y consigue una idoneidad en la Junta Técnica de Contabilidad (que rige la profesión actualmente) y además crea la figura del auditor externo regido por una junta de auditoría externa, que también se creará para dicho propósito.

Según aseguró el presidente del MCPI, ellos no creen que esté mal la creación del auditor externo como figura separada del contador público autorizado, incluso en su regulación, pero ‘no pueden aceptar las imperfecciones legales’ que hacen que la consideren ‘inconstitucional’ y quieran presentar una advertencia al respecto.

Los contadores del MCPI rechazan la colegiatura obligatoria, los exámenes para realizar auditorías externas, parámetros ‘arbitrarios’ y el pago del registro para ejercer como CPA cada tres años. Los fueros y privilegios que se concederían a empresas reguladas.

Además, el MCPI siente que existe un artículo ‘dirigido a acabar con el movimiento’, puesto que exige que las asociaciones de este tipo cuenten con más de 250 miembros.