Situación del sistema penitenciario panameño es grave: relator

El sistema penitenciario panameño “adolece de serios problemas” y la situación es “grave y preocupante,” señaló el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Panamá el jueves 31 de octubre de 2013 en la sede de la Organización de Estados Americanos. La información fue dada a conocer en un comunicado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

El comisionado Gil cuestionó al Estado panameño el no tener una política pública criminal de carácter integral enfocada en la prevención y no en la represión. Además, sostuvo que es muy preocupante el abuso de la detención preventiva en Panamá.

Por su parte, el comisionado presidente José de Jesús Orozco, de la CIDH, describió como un motivo especial de preocupación el incremento de la población penitenciaria.

Asimismo, la comisionada Dinah Shelton indicó que otros países con problemas similares enfrentan sus retos penitenciarios con reformas penales para descriminalizar los delitos menores y no construyendo más cárceles.

En dicha audiencia, el Estado resaltó sus esfuerzos por construir más plazas penitenciarias y expresó su compromiso con su reforma penitenciaria y con recibir una visita de la CIDH a los centros penitenciarios panameños.

Los peticionarios, representados por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Clínica Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, expusieron que el presupuesto penitenciario se enfoca de manera desproporcionada en la construcción de más cárceles y no lo suficiente en resocialización, capacitación de personal penitenciario y salud. Además, enfatizaron que el sistema debe regirse por criterios de transparencia, apertura y monitoreo independiente.

En este sentido, el comisionado Escobar Gil manifestó que sólo los estados totalitarios impiden a las organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación entrar a las cárceles.