Nueva coraza a la fuerza pública

PANAMÁ. Quien ‘intimide’ a cualquier agente de la fuerza pública podría ir a la cárcel hasta por doce años.

Ese es apenas un párrafo de un documento de 40 páginas que la procuradora, Ana Belfon, presentó en septiembre a la Asamblea Nacional para ‘actualizar’ los métodos de investigación a la delincuencia organizada, y que el gobierno ha pedido a sus diputados aprobar con la celeridad propia de las sesiones extraordinarias. Es el proyecto de ley 651.

En medio del debate por la estela de abusos policiales y los temores de impunidad en la justicia, el sistema político ha dado, según los activistas de derechos humanos, un certero golpe.

La modificación —que aplicaría al Código Judicial— extiende el régimen de amparo de los funcionarios judiciales y de instrucción, a la Policía Nacional, los fronterizos, los aeronavales y la guardia presidencial.

La nueva disposición ya pasó el filtro del primer debate y está en el quinto lugar de prioridad de las sesiones decembrinas. Cuatro escalones arriba de otro proyecto que modifica los parámetros para conseguir la comercialización de los rellenos del lecho marino.

La modificación al Código Judicial es clave. Hasta ahora, la intimidación y el uso de la fuerza física contra funcionarios del Ministerio Público y el Órgano Judicial eran delitos de hasta diez años de prisión, siempre y cuando, según el artículo 388 del Código Judicial, se haya tratado de obstaculizar el cumplimiento de funciones oficiales.

Todo eso desaparecería, y a juicio de los abogados Ernesto Cedeño y Magaly Castillo, abriría un espacio difuso, en el que cualquier argumento se puede colar.

‘La intimidación puede concretarse como amenaza física, miradas feas, manipulación emocional’, simplificó Cedeño.

Para Castillo ‘llevar esa reforma es llevar un mensaje equivocado, de incertidumbre a la población y apoyo a la policía. Ellos se sienten ahora más protegidos’.

Aurelio Barría, líder de la extinta Cruzada Civilista, desnudó también la peligrosidad del asunto, dado que pondría a los agentes frente a los civiles. ‘Será la palabra de un agente de la Policía contra una persona’.

La norma, dicen, sería el aderezo a otra pasada en 2010, que considera como delito el cierre de calles, e impone prisión de hasta dos años. Y a la Ley 74.

El Frenadeso instó ayer a una movilización para detener su aprobación.

Pese a los intentos, la directiva legislativa no respondió ayer llamados. Del otro lado todos temen que con esto empiece la instauración de un Estado policial.