‘La Autoridad del Tránsito necesita una reingienería’

PANAMÁ. La decisión de dar permisos de facto a los buses pirata, tomada tras la orden del presidente Ricardo Martinelli y la presión del diputado Marcos González, ha generado mareas de críticas en ascenso a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, (ATTT) que solo ve desvanecer su brío legal.

El exdirector de esa entidad Severino Mejía está seguro de que los permisos son ilegales porque infringen el reglamento de tránsito. Roberto Moreno, director de la ATTT, vitoreaba que el 15 de enero los piratas que operaran rutas donde funciona el Metrobús dejarían de hacerlo; y un par de días después cambió su decisión.

Ello, insiste Mejía, es una violación al contrato de concesión con MiBus, que le da la exclusividad operacional de las rutas de Panamá Centro y San Miguelito. Eso, vaticina, podría abrir el compás a demandas.

‘Aunque ellos (MiBus) no tienen autoridad moral, son quienes pueden impugnar los permisos’, insistía.

Pero el problema, a juicio del abogado Víctor Martínez, es la ‘incapacidad’ que ha demostrado la entidad para organizar el transporte terrestre de la ciudad de Panamá.

Él habla de una crisis institucional en la que las personas trascienden las normas y las instituciones. El mejor retrato del personalismo, que vive a expensas del país de tráfico. Y en la que un diputado tiene poder sobre una autoridad, y en la que la última palabra es la del Ejecutivo.

En función de ello resuelve que ‘la Autoridad de Tránsito necesita una reingienería total y urgente’.

Martínez es enfático en la necesidad de que el Tránsito asuma el rol legal que tiene, y que, en mandato del artículo 2 de la moción 34 de 1999, planifique, investigue, direccione, supervise, fiscalice, opere y controle el transporte terrestre.

EL TRASTABILLEO POLÍTICO

La ATTT ha sido una de las entidad más inestables del gobierno de Ricardo Martinelli. Ha tenido tres directores y una andanada de escándalos detrás.

Moreno fue su subdirector mientras Sandra Escorcia fungía en el cargo principal, y regresó con Jorge Ricardo Fábrega, a quien sustituyó cuando lo ascendieron a ministro de Gobierno. Su salida fue estrepitosa: Escorcia lo acusó de expedir 200 cupos de taxis con anomalías, y tras ello reconoció que dos veces el ministro José Raúl Mulino le aconsejó despedirlo.

En el Ministerio Público y en la Corte reposan expedientes sobre irregularidades en la indemnización de diablos rojos.