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24 de Jan de 2021

Nacional

Ocho años de espera por un código para la niñez

El anteproyecto, engavetado en la Asamblea Nacional, es una de las iniciativas del Gobierno de Panamá sin ejecutar

El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC) presentó el último reporte sobre la lucha frente a la violencia contra niños y niñas en América Latina.

El propósito del informe, divulgado la semana pasada, es determinar los avances en la implementación del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños y niñas entre 2011 y 2013.

Los países tenían compromisos en tres ejes: políticas públicas y planes para combatir la violencia contra la niñez, armonización de marcos normativos para poner fin a la violencia contra la niñez y organización para mejorar los sistemas de registro de datos de forma integral.

Entre los aspectos positivos del estudio está que la mayoría de los países de la región ha realizado acciones a fin de disminuir o combatir los niveles de violencia contra la niñez.

También se reconoce variación en cantidad y calidad de políticas y planes específicos para la lucha frente a la violencia contra los niños.

El informe advierte de la necesidad de elaborar indicadores, y propone aumentar los presupuestos para estos programas, así como en la capacitación específica de funcionarios estatales.

La investigación elogió las nuevas leyes de combate contra el acoso escolar en al menos un tercio de los países, las de combate a la violencia doméstica y algunas leyes que se han adecuado a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), destacando que América Latina y el Caribe es la región que registra mayor número de adhesiones a la CDN en el mundo.

Entre los desafíos, el reporte lista la generación, almacenamiento de datos y el registro sistematizado de casos de violencia contra la niñez, el cual es uno de los principales renglones a mejorar.

Se advierte que, de continuar así, será muy difícil conocer con precisión los tipos de violencia, quiénes son los niños, niñas y adolescentes más afectados, y dónde se ubican geográficamente.

‘La pobreza y los altos índices de inequidad y violencia son los principales desafíos que deben abordarse como causas estructurales para resolver el abuso, la explotación, la negligencia y otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes’, se menciona.

SITUACIÓN DE PANAMÁ

La situación del país se presentó en cuatro estadios: Sistema de dato integrado, Planes y políticas, Marco normativo y Avances generales.

En el primer escenario, se destacó que se incluyera en los sondeos del Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República los indicadores de niñez, adolescencia y mujer.

‘En los dos últimos años se ha recopilado información sobre explotación sexual y las peores formas de trabajo infantil y se habilitó una línea para recibir denunciar en la Defensoría del Pueblo, este mecanismo es calificado como frágil’, mencionó el organismo.

Entre los avances generales cita que en 2011 se celebró un encuentro subregional con la intención de elaborar una hoja de ruta para el cumplimiento del Estudio sobre la violencia. La iniciativa está inconclusa.

Aunque la responsabilidad con las normas de protección de los menores recae en la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), no hay un grupo de instituciones específicas para las acciones contra la violencia, remarca la investigación.

En el eje de Planes y políticas, el documento sostiene que Panamá no cuenta con un Código de Niñez y Adolescencia. La falta de este instrumento ha dado pie a la aprobación de numerosos planes que se han descontinuado.

También deja ver duplicidad de funciones en entes gubernamentales. Y cita que el Despacho de la Primera Dama lleva lo relativo a la Primera Infancia, tema también lo ejecuta la Senniaf. La Defensoría cuenta una área especializada en niñez, pero no cuenta con recursos suficientes.

‘Se reportan avances limitados en planes de combate contra la explotación sexual de los menores’, señala el informe.

Las cárceles para menores están a cargo del Ministerio de Gobierno, los programas para esta población no son los adecuados y existe un sistema estigmatizador, dictamina la investigación.

En cuanto al marco normativo, dice que el castigo físico no está explícitamente prohibido y que en los dos últimos años no se presentaron iniciativas legislativas sobre la niñez y adolescencia.

Marta Santos Pais, representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Niñez, viajó a Panamá para la presentación del documento.

Santos Pais declaró que en la región persiste una brecha entre el marco normativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la realidad diaria de millones de niños.

‘La negociación internacional de la futura agenda de desarrollo nos ofrece una oportunidad única de incluir la eliminación de la violencia contra la niñez como un objetivo a cumplir’, puntualizó.