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23 de Oct de 2020

Nacional

Observatorio por derechos de los niños en alerta ante reformas penales

ODENA un observatorio que vigila los derechos del niño y  la niña en Panamá en alerta ante reformas penales a menores

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODENA), instancia de monitoreo y seguimiento, creado en el año 2010 y compuesto por más de veinticinco organizaciones sociales y ciudadanos/as interesados en abogar, promover y vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de su Consejo Consultivo Ciudadano,hace del conocimiento público su posición con respecto a la intención gubernamental de realizar nuevas reformas a la Ley 40 de 1999 del Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (RERPA), con miras al aumento de penas privativas de libertad.

Panamá ha realizado esfuerzos importantes por investigar, procesar y sancionar a los adolescentes dentro de los límites de un Estado de Derecho , a través de la Ley 40, en la cual se establece un régimen de sanciones penales a los adolescentes que han cometido delitos.

No obstante, esta ley ha sido reformada en siete ocasiones, siendo utilizada como método de control social de los adolescentes, lo que ha traído como consecuencia el aumento de penas y del número de delitos.

La disminución de la edad mínima de responsabilidad penal de los adolescentes a 12 años y el incremento de penas no están sustentados en la evidencia estadística, sino que están directamente vinculados a la percepción generalizada desde las instituciones de seguridad y la sociedad, respecto al aumento de la delincuencia juvenil vinculada a pandillas y producto de las informaciones en medios de comunicación tradicionales y digitales.

La política criminal en Panamá no es estable, desde la aprobación del Código Penal en el año 2008, esta norma ha tenido más de veinte reformas, lo que contrasta con las siete modificaciones de la Ley 40 de1999, evidenciando la necesidad de un acuerdo nacional sobre el tema.

El Estado Panameño requiere una ley general de derechos de la niñez que armonice la normativa dispersa en la materia y que sirva de sustento a una institucionalidad, que de paso a la creación del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia.

Las capacidades del Sistema de Responsabilidad Penal para la Adolescencia requieren ser fortalecidas con la dotación de mayores recursos financieros y humanos especializados, a fin de lograr mejores resultados en las medidas de resocialización, que permitan la disminución de los delitos y la violencia en el país.