La Asamblea rompería con el monopolio en el transporte

Monopolio es la palabra clave en el transporte público colectivo: mientras el Ejecutivo mide cuánto gana o pierde abriendo la controversial concesión del metrobús de la capital, una propuesta de ley que marina la Asamblea Nacional se propone erradicarla.

Se trata de una reforma a la Ley 14 de 1993 sobre transporte, y que, si bien está estancada desde septiembre en el Legislativo, apunta a condicionar la decisión del gobierno de Juan Carlos Varela sobre la transformación de la concesión que el Estado dio a la colombo-panameña Mi Bus.

El Ejecutivo ha anunciado que en febrero tomaría una decisión sobre el contrato del transporte de la capital, que podría ser rescindido o rescatado, y entregado a una o varias empresas, o bien —ha insistido el ministro Álvaro Alemán— funcionar con la misma concesionaria, pero con un nuevo marco.

La propuesta fue recibida por el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, quien la envió a la Comisión de Transporte, que, sin embargo, no la ha prohijado.

Diógenes Vergara, presidente de esa instancia legislativa, aseguró que en enero, con el reinicio de las sesiones ordinarias, la comisión discutirá esta y otras propuestas que sobre transporte público tienen. En la lista aparece, además, el proyecto de vale de transporte, con el que el Ejecutivo subsidiará con $60 mensuales el pasaje de los funcionarios que ganen hasta $850.

‘Le vamos a dar prioridad a esas propuestas’, alega, aunque reconoce que los comisionados no han estudiado el anteproyecto antimonopolio, numerado como el 103.

El proponente, el diputado Iván Picota, justifica la ruptura del monopolio en el transporte en que permitiría al Gobierno Nacional reorganizar ‘sabiamente’ el sistema en crisis.

También, agrega, permitiría ‘darle a este pueblo el respiro que se merece en este tema que constituye un sufrimiento’.

LA RETROACTIVIDAD

A groso modo, Vergara dice apoyar el documento, y hace énfasis en que respalda la idea de que el metrobús quede en manos de dos operadores.

La reforma apela a ‘tirar el reloj hacia atrás’ y que su aplicación tenga carácter retroactivo ‘por su interés especial’.

Así, la norma abriría el espacio para que las concesiones dadas con la Ley 14 de 1993 sean reabiertas.

‘ELLOS CONTROLAN Y DECIDEN’

El abogado Víctor Martínez, especialista en transporte público, cree que la apertura de las rutas es una tarea ‘sana’ para acabar con lo que llama ‘el negocio de la mafia del transporte’.

‘Son un grupo, dos o tres dirigentes... son ellos los que controlan y deciden qué pasa’, argumenta.

En contraste, Luis Rodríguez, presidente de Transporte del Futuro (que opera las rutas de Panamá Norte), sostiene que hay concesiones en las que ‘no da para tener dos operadores’, por lo que pone en duda la posible eficacia de una norma así.

De todos modos, Rodríguez asegura que este proyecto debe considerar la idea de que los certificados de operación ‘le pertenecen a personas’; y entender que su aprobación implicaría la indemnización de las operadoras que resulten afectadas.

Martínez aterriza el debate. Su discusión, agrega, pondrá a prueba el sistema: Vergara, líder de la Comisión de Transporte de la Asamblea, es también vocero y vicepresidente de la Cooperativa San Cristóbal de Chepo (que opera los buses de toda la zona este de la provincia de Panamá), y está asesorado por los también veteranos transportistas Dionisio Ortega y Esteban Rodríguez.