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28 de Nov de 2020

Nacional

La ASEP entra en el litigio Lisac-Slim por hidroeléctrica

El Primer Tribunal Superior admitió un amparo de garantías a favor de la autoridad que congeló el traspaso de Bajo de Mina

La ASEP entra en el litigio Lisac-Slim por hidroeléctrica
César Lisac, junto a su abogado José Góndola Molinar (de corbata negra) y el administrador Rogelio Cruz.

Un amparo de garantías de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ha logrado detener la orden judicial de embargar los bienes en Panamá del segundo hombre más rico del planeta, Carlos Slim.

La ASEP se opuso la semana pasada a la decisión del Juzgado Quinto Civil de Panamá, de entregar a un administrador judicial un despacho en la ciudad de Panamá, ocho fincas y la hidroeléctrica Bajo de Mina, en la provincia de Chiriquí, en nombre del Grupo Ideal, del magnate mexicano.

Las propiedades debían pasar a manos de César Lisac, un empresario octogenario al que la administración de Martín Torrijos rescindió la concesión de la hidroeléctrica, para entregarla a Slim.

El administrador designado de los bienes, Rogelio Cruz, confirmó que los efectos del fallo fueron suspendidos la semana pasada, con la decisión de la jueza del Primer Tribunal Superior de Justicia, Lilianne Ducruet, de admitir la acción legal de la ASEP.

Cruz se mostró sorprendido por el rol de la entidad en el caso: ‘La ASEP no está legitimada y eso tendrá que definirse en el proceso’.

Este diario solicitó a la autoridad reguladora una versión oficial sobre el recurso que presentó la semana pasada, sin respuesta al cierre de esta edición.

Los efectos de la acción de la ASEP se adelantaron a los de otras dos interpuestas la semana por Ideal, una contra el embargo y otra contra la sentencia de la Corte Suprema que ordenó la entrega de la concesión a Lisac, en 2010, aunque ninguna ha sido admitida.

El abogado de Lisac, José Góndola Molinar, advirtió que ‘contra un fallo de la Corte no cabe ningún amparo; ni indirectamente’.

Lisac adelantó a La Estrella de Panamá que presentará una queja contra el administrador de la ASEP, Roberto Meana, por extralimitación de funciones y abuso de autoridad.

Bajo de Mina opera desde 2012 y su capacidad instalada de 56 megavatios anuales deja réditos de hasta $50 millones anuales.