El mapa del poder legislativo: cómo la Asamblea redibujó sus comisiones

Durante casi seis horas de discusión, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional revisó artículo por artículo el reglamento interno que rige el funcionamiento del Órgano Legislativo.

El resultado fue un ejercicio político y la aprobación del segundo bloque: se aprobaron cambios estructurales importantes, se modernizó el lenguaje institucional y se introdujeron ajustes técnicos largamente postergados, pero se rechazaron casi todas las propuestas que implicaban sanciones, autolimitación del poder o mayor presión interna sobre los propios diputados.

Más allá de los discursos en el pleno y de las votaciones visibles, el verdadero poder de la Asamblea Nacional se organiza en un territorio menos evidente: el de las comisiones permanentes.

Allí se decide qué proyectos avanzan, cuáles se transforman y cuáles mueren sin llegar al debate público. Por eso, la modificación del artículo 46 del reglamento interno —aprobada tras intensas negociaciones— representa mucho más que un ajuste administrativo.

La reforma redefinió el mapa interno mediante fusiones estratégicas, la redefinición de temas dentro de comisiones existentes y la creación de nuevas instancias, con una clara tendencia a concentrar competencias en mesas clave. El resultado es un esquema más ordenado, pero también más centralizado.

El cambio más trascendental fue la creación de una sola comisión que concentrará Presupuesto, Economía y Finanzas, unificando bajo un mismo paraguas la discusión del gasto público, la política fiscal y los asuntos macroeconómicos del Estado.

Hasta ahora, estos temas se distribuían en comisiones distintas, lo que permitía múltiples miradas sobre el uso de los recursos públicos. Con la reforma, esa separación desaparece. La nueva comisión se convierte en el principal filtro de las decisiones económicas del país.

Durante el debate, diputados que respaldaron la fusión sostuvieron que el modelo anterior fragmentaba la discusión. “Para mí lo ideal serían nueve comisiones de 15 miembros que sean comisiones que tengan mucho más fuerza, como la de Presupuesto”, argumentó el diputado José Luis Varela.

Sin embargo, voces críticas advirtieron que la medida reduce los contrapesos internos. Al unificar presupuesto y política económica en una sola instancia, se limita la posibilidad de que un proyecto sea cuestionado desde distintos ángulos legislativos. Un diputado que no acompañó la propuesta comentó que la fusión “facilita el trámite, pero debilita la fiscalización”.

En la práctica, esta supercomisión será una de las más codiciadas políticamente, no solo por el control del presupuesto nacional, sino por su influencia transversal sobre todas las demás comisiones.

Uno de los cambios más significativos —y paradójicos— es la incorporación formal de Derechos Humanos en el nombre de una comisión, algo que no ocurría en la estructura anterior. La nueva “Comisión de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Asuntos Constitucionales” eleva nominalmente el tema a un estatus que antes no tenía.

En contraste, la reforma sí creó la comisión número 15, dedicada a Ciencia, Innovación y Tecnología, presentada como señal de modernización. “El crecimiento de la economía digital y los desafíos en ciberseguridad justifican un espacio propio”, defendió uno de los proponentes.

Pero la ausencia más notoria fue la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, propuesta por varios diputados pero finalmente descartada. “Yo creo que la propuesta que presentó José Pérez Barbóni es completa... Introduce anticorrupción y transparencia”, señaló el diputado Ernesto Cedeño, cuya preferencia fue ignorada. En los pasillos, un diputado de oposición comentó que “nadie quiso asumir el costo político de presidir una comisión anticorrupción sin dientes”.

La resistencia a los límites internos

Uno de los debates más incómodos giró en torno al artículo 45, que buscaba limitar la reelección en las juntas directivas de las comisiones. Varela defendió la coherencia institucional: “Si el presidente de la Asamblea tiene la prohibición de reelegirse por más de dos períodos... quería hacer la misma referencia a las comisiones”. Su preocupación era el enquistamiento: “Que un partido no pueda enquistar a un mismo diputado en una comisión los 5 años”.

La mayoría no acompañó la idea. El diputado Benicio Robinson argumentó que sería “incidir en las decisiones de los partidos políticos”. Cedeño llevó el argumento más lejos: “Si constitucionalmente un diputado puede ser reelegido cuántas veces el elector le establezca... no veo entonces limitar una reelección”. La propuesta fue rechazada.

Tampoco prosperaron iniciativas para imponer sanciones internas: multas a presidentes de comisiones que no convoquen reuniones, retención de salario por no rendir informes o la obligación de que las sesiones de Presupuesto sean públicas. En todos los casos, el resultado fue similar: pocos votos a favor y mayoría de abstenciones.

El fracaso más elocuente fue el del artículo 49, sobre citación de funcionarios. Propuestas para sancionar a ministros que ignoren citaciones fueron fulminadas.

La presidenta de la comisión, Casteñada, alertó: “Me causa mucha preocupación que aprobemos una norma que realmente contravenga una norma que está amparada en el Código Penal”.

El diputado Augusto Palacio resumió la frustración: “Prácticamente aquí se van citando los funcionarios y vienen cuando quieren y cuando no”.

No todo fue rechazo. Se aprobó establecer que si no hay consenso en 10 días tras la juramentación, se active un procedimiento alternativo para integrar comisiones. “Nos pasamos hasta un mes, que es prácticamente el 25% del tiempo”, justificó Benicio Robinson.

También se añadió el artículo 78A, que da 10 días hábiles para que una comisión emita concepto cuando otra lo solicite. “Lo que queremos es efectividad”, sostuvo Palacios. Esta fue una de las pocas iniciativas aprobadas por unanimidad.