$95 millones de dólares para combatir el déficit habitacional

En los próximos cinco años, el Gobierno proyecta construir unas 70 mil viviendas de interés social para reducir el déficit habitacional de 170,099 viviendas, informó Jorge González, viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

En 2015, el Miviot destinará el 36.9% ($95 millones) de su presupuesto ($257 millones) para dos programas insignia: Techos de Esperanza y Fondo Solidario de Vivienda (FSV).

Ambos programas están destinados a personas con bajos ingresos o que pertenecen a la economía informal. Para Techos de Esperanza se ha destinado $80 millones, mientras que para el FSV, $15 millones.

Se planea construir 50 mil viviendas bajo el proyecto Techos de Esperanza y favorecer la compra de 2,700 con el FSV. Además, proyecta tener 20 mil más a través de un modelo público privado, donde las promotoras se encargan de las construcciones y el Estado dona el terreno.

En los últimos 15 años son varios los planes que han implementado las diferentes administraciones gubernamentales para bajar el déficit habitacional. Algunas de ellas han utilizado mecanismos como la donación de materiales de construcción a través de programas como Asistencia Habitacional, Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (Parvis), Piso y Techo, Piso y Techo Mejorado.

Sin embargo, estos programas han presentando dos problemas, por un lado han sido politizados para hacer campaña política y ocasionaba un segundo problema mayor, pues muchas de estas familias no tienen siquiera para alimentar a sus hijos y no tenían mucho menos para pagar un albañil, los materiales que donaban se perdían y no eran utilizados para construir o mejorar las casas, explica el viceministro.

TECHOS DE ESPERANZA

Este programa no regala materiales de construcción ni se les pregunta a qué partido político pertenecen, sino que llega a las comunidades instaladas en asentamientos informales, afirmó el viceministro González.

A estas comunidades se les ha hecho un estudio previo para confirmar que se les puede legalizar los terrenos.

Por lo general, estos asentamientos tienen entre 10 y 30 años de vivir en condiciones difíciles: sus casas son de pisos de tierra, las paredes son de zinc o madera vieja improvisada, sus techos son de cartón, plástico y zinc viejo lleno de huecos. Además, carecen de calles o avenidas y, en el mayor de los casos, no tienen sanidad básica, sin agua potable ni baños higiénicos.

En este aspecto, ‘no solo construimos las viviendas de cero sino que se hacen mejoras a las que les hace falta’, continúo el funcionario.

A las personas se les legaliza el terreno y deben pagar a través del Banco Hipotecario. Las familias, dependiendo el caso, deberán pagar $15,000 a razón de $50 mensuales en un periodo de 25 a 30 años.

INTERÉS SOCIAL

Dania Rosas, de la dirección de Inversión Privada del Fondo Solidario, explicó que este fondo apoyará desde enero de 2015 con un subsidio de $10,000 a las familias de bajos ingresos de la economía formal e informal con salarios que van desde el mínimo hasta un máximo de $1,200 para que puedan adquirir su primera vivienda.

A través del Decreto Ejecutivo N° 393 de 16 de diciembre de 2014, el subsidio aumentó de $5,000 a $10,000 y el rango de precio de las casas pasó de $40,000 a $50,000.

Las promotoras podrán construir urbanizaciones tipo unifamiliares, bifamiliares adosadas y casas en hileras destinadas a las viviendas de interés social.

Hasta julio se tenían 78 promotores de vivienda, pero con el aumento de la cifra de la cobertura de las viviendas, se han interesado nuevos promotores que ya suman 120.

Desde julio hasta mediados de diciembre de 2014 se ha beneficiado a unas 3,220 familias con un monto aproximado de $3,230,100 en aporte del FSV.

Todavía faltan unas 500 resoluciones válidas hasta el 31 de diciembre. Con ello se alcanzarían unas 3,720 familias.

Para 2015 se contemplan proyectos en Sabanitas, provincia de Colón, con 1,500 casas; en Metetí, Darién, unas 500 casas; y en Bocas del Toro, unas 700 casas, lugares en donde no existían promotores.

El Miviot le ayuda a los promotores a impulsar su urbanización a través de ferias conjuntas.

Estas viviendas tienen dos recámaras, un baño, comedor, sala, cocina, lavandería, portal y garaje.

La vivienda contemplaba 45 metros cuadrados de construcción con un terreno de 110 metros, pero con el cambio de la ley cuenta ahora con 50 metros cuadrados de construcción y 160 metros en terreno.

Sin embargo, a juicio del sociólogo Marcos Gandásegui, este problema no se eliminará tan fácilmente.

Gandásegui explica que hay dos problemas, el primero es que a nivel gubernamental no existe un programa integral de vivienda para el país. Desde hace un par de décadas, el Gobierno panameño abandonó este sector y dejó que se adueñaran de las políticas inmobiliarias los grandes proyectos para construir altas torres y proyectos de lujo.

Según las estadísticas, la construcción en Panamá es la que más crece, pero con obras dirigidas al sector de altos ingresos y muy poco para los sectores de ingresos medios o bajos, señala.

El segundo problema son las políticas públicas, orientadas a generar cada vez más empleos informales que no le permiten a los ciudadanos tener estabilidad laboral ni referencias bancarias y, simplemente, los bancos no les otorgan préstamos.