El índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) se situó en 70 puntos en junio pasado, con una caída de 22 unidades respecto a enero de este año,...
- 25/02/2015 01:01
La oposición se sentía y las fricciones afloraban. Ayer, el gobierno fue claro: no avalar el proyecto 62 que elimina las ferias migratorias y establece una mesa de diálogo para un código migratorio.
Tras una discusión pausada, el documento fue bajado de segundo a primer debate por petición del ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, y el diputado Jorge Alberto Rosas, en representación de la bancada panameñista, que preside el Órgano Legislativo.
‘Esta ley no resuelve el problema... antes de pasar una ley así hay que escuchar a los empresarios de la Zona Libre de Colón y hoteleros’, afirmó Aguilera.
QUEJAS
La decisión de enviar, nuevamente, a la Comisión legislativa de Gobierno el proyecto, cayó como un balde de agua fría a varios grupos.
Irma Araúz, presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados, rechazó los señalamientos de que no hubo una amplia discusión, como alega el diputado Rosas y el ministro Aguilera.
‘Se invitaron a todas las partes interesadas... a nadie se le coartó el derecho a expresarse, todo ha sido transparente’, expuso.
Araúz, incluso, manifestó que los dirigentes de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (Arena), único grupo que apoya las ferias migratorias, tuvo una participación directa en las consultas el año pasado.
‘Los diputados que no se sentían ilustrados no leyeron el proyecto o no estaban en el primer debate... El Crisol de Razas debe eliminarse’, dijo.
Igualmente, Doris Gordón, vocera del movimiento de corredores de bienes raíces, coincidió con Araúz sobre la amplitud de la discusión en la comisión legislativa.
‘Lo que pasa es que los diputados no salen día a día a pelear con la ilegalidad y la piratería que ha provocado el Crisol de Razas’, reprochó.
Para Gordón, el asunto radica en que ‘no hay voluntad’ por parte de los diputados y observó ‘una postura muy vaga’ de los panameñistas en el pleno. ‘Estamos decepcionados... ¿Qué hay que hacer para regular la inmigración ilegal?’, cuestionó.
Adujo que mientras no se legisle los indocumentados seguirán violando el Decreto Ley 6 de 1999, que reglamenta la profesión de corredor de bienes raíces, al usurpar sus plazas de trabajo sin contar con la idoneidad requerida.
GOBIERNO NO APOYA
El ministro de Seguridad Pública argumentó que el ‘problema’ de la inmigración laboral no lo han podido superar países como Francia, Estados Unidos y otras naciones europeas que colindan con el Mediterráneo.
Aseguró que el asunto no se podrá resolver prohibiendo la entrada a turistas, ya que 33 aviones de diferentes aerolíneas provenientes d e Colombia, llegan al país.
Aguilera resumió que es un ‘problema complejo’ debido a que Panamá es atractivo al tener menos desempleo, mejores salarios y más ingresos per cápita.
Además, el ministro reveló que de unos 57 mil legalizados, solo 74 personas, el 0.13%, estaban vinculadas a actos delictivos y detalló que de los 16 mil presos del país, 1,604 son extranjeros. ‘Es solo el 10% de extranjeros y el 95% no entraron por Crisol de Razas’, arguyó.
ZULAY TAMBIÉN LLORA
La diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto, fue captada triste, con lágrimas en los ojos y llorando por la decisión del pleno, apoyada por panameñistas y Cambio Democrático.
En la Asamblea, afirmó que no es xenofóbica y reiteró que siempre invitaron a conversar al Servicio Nacional de Migración y al Ministerio de Seguridad.
Su colega, Iracema de Dale, denunció que en la provincia de Colón los locales y hasta el transporte selectivo está copado por ilegales que desplazan al panameño.
El polémico proyecto llegó al Legislativo el 8 de septiembre de 2014, pero fue aprobado al mes siguiente.