La génesis de una nueva Coiba

El gobierno está desesperado por acabar con las operaciones criminales de las pandillas.

Siete de cada diez asesinatos lo comenten pandilleros que son dirigidos, desde las cárceles, por sus cabecillas.

La solución que ha planteado el presidente Juan Carlos Varela desde el miércoles pasado para exterminar estos crímenes es aislar en una cárcel, en medio del mar, a los jefes de las bandas más peligrosas del país.

La idea del mandatario es revivir lo que hasta el 2004 fue el único centro penitenciario insular del continente, conocido como la colonia penal de Coiba.

El nuevo centro penitenciario quedará ubicado en la isla más grande del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, la Isla del Rey, a su extremo sur , en un sitio llamado Punta Coco y ocupará los terrenos de una estación aeronaval que financió en 2014, cuando José Raúl Mulino estaba al frente del Ministerio de Seguridad, el Comando Sur de Estados Unidos.

Hasta entonces, el objetivo, de esa estación era luchar contra el narcotráfico en las costas del Pacífico panameño. Construirla costó $73.5 millones, acondicionarla para convertirla en un centro penal, que inicialmente será ocupado por sólo seis reos costaría aproximadamente $30 mil, una inversión que, comparada con la construcción de penal la Gran Joya, parece desproporcionada.

De Punta Coco, se evita hablar dentro del gobierno de Varela, los ministros y autoridades penitenciarias prefieren no emitir opiniones al respecto todavía y dilatar la información a través de sus oficinas de relaciones públicas. Lo que sí es cierto es que ‘las instrucciones ya están dadas y todo se manejará a través de presidencia’, indicó una fuente del Ministerio de Gobierno.

Revivir el fantasma de Coiba no juega a favor de la imagen del gobierno panameño justo cuando intenta ocupar un puesto privilegiado en la Corte Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) y la propaganda del programa de reinserción social ‘Barrio seguros’ está en su tope máximo.

‘Creo que Panamá tendrá problema con esto’, apuntó Magally Castillo, de Alianza Ciudadana por la Justicia.

De acuerdo con las declaraciones de Castillo, si la idea del mandatario se logra concretar, el país iría en un retroceso en materia de derechos humanos.

‘No podemos mantener alejado de un juez, de su defensa y además negarles contacto con su familia a los privados de libertad’, agregó Castillo.

El Consejo Nacional de la Política Penitenciaria tiene un reunión pendiente. Varios sectores de la sociedad civil han adelantado que pretenden pedir explicación y sobretodo una amplia consulta sobre el proyecto.

‘Costruir un penal en una isla sería violarle los derechos humanos a los reos’, sostiene el secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán.

Pero hay otros juristas que van más allá y le piden claramente al mandatario Varela evitar improvisaciones y definir estrategias claras para combatir la criminalidad.

‘Los principales temas para el Gobierno deben ser tratamiento de condenas y trabajar en la prevención’, dice Carlos Lee, miembro de la organización Alianza Ciudadana.

El penalista Ernesto Cedeño, a su vez, le recuerda al presidente sus declaraciones sobre los seis reos que ocupan este penal.

‘Si ya tienen identificado a los criminales, entonces por qué la fiscalía no actúa y el sistema penitenciario tampoco’, pregunta Cedeño.

Actualmente, en América Latina existen solo dos sistemas de prisión insular. El primero, ubicado en México, en las Islas Marías, la Colonia Penal Federal, es una cárcel de bajo perfil con capacidad para albergar a unos 13 mil reclusos.

El otro complejo penitenciario, de alta seguridad, se construyó en la isla de San Lorenzo y se accede a través de la Base Naval de Callao, en Perú, destinado a los condenados por terrorismo. Construída por el ex presidente Alberto Fujimori, él mismo acabó en una de sus celdas, por violación a los derechos humanos.

EL COLAPSO DEL SISTEMA

El Ministerio de Seguridad presume que los índices de criminalidad han bajado considerablemente: 28 homicidios menos que el año anterior, dicen sus estadísticas. Sin embargo, las del sistema penitenciario le contradicen, tan sólo en la cárcel La Joya, principal prisión del país, se reporta, cada semana el ingreso de, por lo menos, ochenta nuevos reos, mientras que los egresos son muy pocos, indicó Sharon Díaz, subdirectora del sistema carcelario panameño.

La número dos en la jefatura de este sistema reconoce, por otra parte, que el cotnrabando prolifera y es dificil el control dentro de las prisiones.Díaz defiende que un refuerzo en la política penitenciaria para evitar el ingreso de sustancias ilícitas y artefactos prohibidos que permiten que las operaciones de las bandas y pandillas se mantengan en pie, aun tras las rejas.

El gobierno pasado invirtió $158,5 millones en la construcción del ‘penal más moderno de Latinoamérica’, como bautizó el exmandatario Ricardo Martinelli a La Gran Joya, para evitar el permanente problema de hacinamiento y los conflictos que genera.

Sin embargo, los problemas de infraestructura han impedido que el penal sea ocupado en su totalidad. El ministerio de Gobierno suspendió dos pagos que suman $42 millones a la empresa constructora mientras la Contraloría General de la República audita la obra.

La política de seguridad del gobierno de Juan Carlos Varela, que ya ha recibido críticas de la población, no ha pasado la prueba de las recientnes olas de delitos que han provocado el planteamiento de nuevas estrategias.

A pesar de los resultados ‘positivos’ que enarbola en Gobierno, el reciente anuncio sobre el penal insular se ha considerado como un ‘traspié’.

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A LA VENTA

El valor económico de Punta coco

Un portal web promueve actualmente el mismo sitio en el que el presidente Juan Carlos Varela pretende instalar una prisión de máxima seguridad, pero lo hace con un valor económico de por medio y resaltando el valor del sitio como un inmueble ecológico y los beneficios fiscales que el Gobierno promete dar a quienes inviertan en el lugar.

Puntacocopanama.com le propone a inversionistas comprar hasta once parcelas del sitio, prometiendo titulación inmediata. De acuerdo con el plano del plan maestro, todas las parcelas están conectadas a través de una carretera que atraviesa las fincas y las enlaza a la pista de aterrizaje que se encuentra cerca de la estación aereronaval, sitio donde estará ubicado el penal propuesto por Varela.