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Presentan recurso para frenar la “feria”
Actualizado
- 28/05/2015 02:00
Creado
- 28/05/2015 02:00
La diputada Zulay Rodríguez presentó una acción contencioso administrativa de nulidad. Arena teme por el estatus de los extranjeros
La diputada y abogada Zulay Rodríguez solicitó ayer a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que suspenda la renovación de los permisos migratorios, aprobada por el gobierno con el nuevo nombre ‘control migratorio'.
Junto al abogado Luis García, la diputada presentó una acción contencioso administrativa para que decrete la nulidad por ilegalidad del Decreto Ejecutivo 169 de mayo de 2015, firmado por el presidente Juan Carlos Varela.
Esa polémica norma permitirá renovar los carnés migratorios de extranjeros vencidos o por vencer, hasta por un periodo de seis años.
No obstante, Rodríguez, en el documento, alega que el Decreto 169 viola la ley migratoria y el artículo 14 de la Constitución, que señala que ‘la inmigración será regulada por la ley...'.
Otro elemento es que el director de Migración, Javier Carrillo, firmó la Resolución 24587 de agosto de 2014, para una décimo quinta feria migratoria sin tener competencia propiciando legalizaciones ilegales.
Dentro del proceso, como solicitud especial, se pide a la Sala Tercera que, dictada la nulidad del Decreto, se anulen todos los carnés otorgados en las ferias anteriores y se le ‘conceda un plazo perentorio' no mayor de seis meses para que tramiten sus residencias en las oficinas de Migración.
En quince ferias realizadas de julio de 2010 a octubre de 2014, se legalizaron un total de 60,896 extranjeros.
‘El presidente Varela mintió cuando dijo que eliminaría el Crisol de Razas y que el pueblo era primero', criticó.
ARENA SE PRONUNCIA
La Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (Arena) teme por la situación legal de miles de extranjeros, de fallarse contra la aprobada regularización.
‘Lamentamos mucho la situación y tenemos conocimiento de que se van a perjudicar o quedar sin documentos 40 mil personas', indicó el presidente de la agrupación, Rafael Rodríguez.
Sobre la mano de obra, adujo que las compañías establecidas en Panamá se verán afectadas, ya que deberán retirar a esos empleados por no tener documentos.
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