La “fundación” de la UP es una sociedad común

La Fundación Universidad de Panamá (Fudep) no está inscrita en el Registro Público como una fundación de interés privado, como sostienen algunos miembros de su directorio.

En realidad es una sociedad común, una asociación sin fines de lucro denominada ‘Fundación Universidad de Panamá' integrada por personas naturales y cada uno de sus miembros tiene responsabilidades en la sociedad, según literatura especializada del tema.

A diferencia de los bienes bajo una fundación de interés privado, cuyo propósito es resguardar el patrimonio -por lo general de carácter familiar—, las asociaciones comunes como la citada no están exentas de auditorías por parte de la Contraloría si realizan contratos o transacciones con el Estado.

Sergei de la Rosa, después de casi tres años de presidir lo que denomina ‘fundación', parece enterarse de que la asociación no es una fundación de interés privado: ‘si eso está registrado de otra forma yo tendría que hablar con los abogados, en casi tres años no lo sabía', manifestó a La Estrella de Panamá .

Habla abiertamente de las cuentas bancarias: ‘Una en la Caja de Ahorros cuyos fondos son, principalmente, de la Autoridad del Canal de Panamá, y los maneja el Instituto Especializado de Análisis (IEA), y otras dos cuentas en el Banco General'.

En una de ellas hay casi $400 mil que engloba los proyectos que se desarrollan actualmente. ‘La gran mayoría de los proyectos en curso están en esta cuenta', manifiesta De La Rosa.

En la tercera cuenta bancaria, apunta, ‘hay poco dinero porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos debe plata por la administración del laboratorio del Hipódromo Presidente Remón'.

La Contraloría se queja de que Fudep le niega acceso a los libros de contabilidad, razón por la que crea ‘dudas de la transparencia en el manejo de los fondos', habría escrito el contralor Federico Humbert en una nota.

Ayer, en un comunicado, la Contraloría advirtió que ‘denunciará ante el Ministerio Público a los funcionarios que desatiendan la cooperación', y mostró su preocupación por la falta de colaboración de los mismos', se lee.

De La Rosa explica que la fundación tiene el propósito de agilizar compras que el sistema burocrático atrasa. Da un ejemplo: ‘El IEA hace tres cotizaciones y facilita las compras. El 10% de la totalidad del proyecto se deposita para el manejo del proyecto.

En ese sentido hay gente que llega con proyectos pequeños, que le piden a la Universidad que realice labores administrativas que a ellos se les dificulta'.

De La Rosa dice que no niega audito. Cuenta que los inspectores de la Contraloría se acercaron en marzo para dejar una resolución. ‘En mayo volvieron, y a principios de junio enviaron notas en las que exigían información adicional a la inicial', explica.

‘Se les suministraron los datos, pero añadieron cosas específicas del 2009 para las que tenemos que recurrir a los libros', indicó De La Rosa.

El presidente de la asociación dice que no tiene la velocidad que la Contraloría pretende, ‘todo lo tenemos de forma manual, nosotros no podemos tener la información de hace cinco años al tiempo que ellos la solicitan'.

De La Rosa explica que hay contratos con el Estado y que no tiene objeción de que se auditen; sin embargo, otros son privados, por ejemplo los de la Comisión Internacional de Energía Atómica. ‘No son fondos originados en Panamá', aclara De La Rosa.

Las preguntas que persisten son si era necesario habilitar esta asociación para los propósitos dichos, y si las contrataciones no han causado una lesión patrimonial al Estado.

La asociación fue fundada en marzo de 1995 y con una vasta lista de síndicos, algunos ya fallecidos y otros que se han desligado de la organización a pesar de que siguen siendo parte de ella.

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EN EL REGISTRO PÚBLICO

La Asociación Fundación Universidad de Panamá es una sociedad común.

No es una fundación de interés privado, por tanto, los fondos contratados con el Estado deberán auditarse, pero los privados no.

La asociación tiene tres cuentas bancarias. Una en la Caja de Ahorros y dos más en el Banco General.

La asociación tiene en contratos con el Estado casi $3 millones.