Contraloría ordena secuestro de bienes vinculados a Rafael Sabonge por más de $704 mil

El nombre de Rafael Sabonge entró este lunes en la relación de exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo alcanzados por medidas precautorias sobre su patrimonio.

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos vinculados al exministro de Obras Públicas hasta por $704,452.61, una cuantía que la propia institución define todavía como preliminar.

La decisión está contenida en la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP, fechada el 8 de septiembre. Seis días después, la Contraloría hizo pública la medida y explicó que surgió de evaluaciones preliminares practicadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

El comunicado, sin embargo, no detalla qué operación, contratación o hallazgo concreto produjo el monto fijado contra Sabonge, quien dirigió el Ministerio de Obras Públicas entre 2019 y 2024. La entidad se limitó a señalar que busca proteger el patrimonio del Estado mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El caso no aparece aislado

La Contraloría lleva meses utilizando con mayor frecuencia las facultades para congelar bienes mientras avanzan auditorías patrimoniales y forenses. Apenas la semana pasada informó ante la Asamblea Nacional que las cautelaciones y secuestros preventivos derivados de sus investigaciones rondan ya los $50 millones. Desde enero de 2025, además, la entidad ha evacuado 615 de las 1,091 solicitudes de auditoría que encontró pendientes al inicio de la actual administración.

Una cadena de exfuncionarios

Uno de los primeros casos de alto perfil fue el del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. En octubre de 2025, la Contraloría ordenó el secuestro de cuentas bancarias, vehículos y propiedades hasta por $1.3 millones, tras una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado. El expediente posteriormente llegó a la esfera penal.

Después apareció el exdirector de la Caja de Seguro Social Enrique Lau Cortés. Una resolución de noviembre de 2025 ordenó cautelar bienes hasta por $2.9 millones. La auditoría estuvo relacionada con pérdidas por medicamentos e insumos vencidos, compras excesivas y movimientos de fondos durante su administración, de acuerdo con documentos revisados por La Estrella de Panamá.

En marzo de este año, la Contraloría hizo lo propio con el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá Noriel Araúz. La medida alcanzó $1.3 millones, luego de que una auditoría patrimonial estableciera una diferencia entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros examinados.

Dos meses después, una medida similar alcanzó a Nadia Del Río, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia. Los bienes cautelados rondan los $576 mil. En agosto, una magistrada mantuvo las medidas mientras se definía la vía correspondiente para revisar la actuación de la Contraloría.

A esa secuencia se sumó la exsubdirectora de la DGI Maritza Ureña González. La Contraloría dispuso el secuestro preventivo de bienes hasta por $432,152.83, después de que una auditoría detectara esa diferencia entre los recursos identificados y los movimientos financieros analizados.

Otro expediente relevante es el del exdirector de la DGI Publio De Gracia. En este caso fue el Tribunal de Cuentas, a partir de una auditoría de la Contraloría, el que ordenó cautelar bienes hasta por $16.3 millones dentro de un proceso relacionado con actuaciones tributarias vinculadas a FCC Construcción. De Gracia ha rechazado los señalamientos y defendido la legalidad de sus decisiones.

Sabonge es ahora el nombre más reciente.

Las cautelaciones no constituyen por sí mismas una condena ni determinan responsabilidad penal. Son medidas preventivas destinadas a impedir que determinados bienes salgan del alcance del Estado mientras avanzan las investigaciones y los eventuales procesos patrimoniales.

Pero el mapa que van dejando las auditorías ya alcanza a varias de las figuras que ocuparon puestos sensibles durante el quinquenio 2019-2024.