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02 de Dec de 2020

Nacional

Gobierno pagará $157 mil por cada uno de los 1,236 metrobuses

Durante la administración de Ricardo Martinelli se otorgaron $246 millones de fideicomiso para beneficio de la empresa colombiana

La sociedad civil panameña aún no termina de digerir la millonaria suma que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha aceptado pagar por el sistema de transporte metrobús, peor aún cuando la compañía operadora, MiBus, traspasa una millonaria deuda al Estado.

La empresa de capital colombiano deja el negocio del transporte pero se va con las manos llenas: recibe $49.7 millones a cambio de ceder las acciones de la empresa, librándose de una deuda de $195 millones por la compra de buses y otra de $16.2 millones que el Gobierno deberá desembolsar a sus empleados por prestaciones laborales y horas extras dejadas de pagar.

Lo que más molesta es que la deuda de $195 millones corresponde a buses devaluados, con más de cuatro años y diez meses de estar rodando por las calles.

Tomando en cuenta que la flota de la empresa es de 1,236 buses, la suma es clara: cada unidad del metrobús costará al erario un promedio de $157 mil.

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Transporte Masivo de Panamá (Sitmapa) reclaman una auditoría para detallar el estado físico de los metrobuses, que presentan llantas lisas, problemas mecánicos y carrocería deteriorada.

La postura es compartida por el abogado Ernesto Cedeño, quien concluye que es probable que si la Contraloría General jugara su papel con independencia, ‘objetaría la transacción' de compra.

‘Me parece que sí debió hacerse un inventario necesario para cifrar el monto de la compra', puntualizó.

La empresa MiBus, que opera el sistema desde diciembre de 2010, cuando comenzó a dar el servicio en los corredores, no ha mostrado ni explicado públicamente el estado de su segundo activo más importante, el equipo rodante.

Para Sandra Escorcia, exdirectora de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), cuando no hay auditorías claras viene la especulación y queda el mal sabor de los errores cometidos por los gobiernos una y otra vez.

En ese sentido, la arquitecta formula varias preguntas: ¿Quiénes son los que están detrás de estas compañías? ¿Es o no es robar utilizar los contratos del Estado para hacer negocios y cubrir pérdidas a empresas de allegados?

Víctor Martínez, abogado de los usuarios, es más duro: ‘Panamá no debe pagarle un solo real a MiBus, se está comprando un esqueleto; los buses están deteriorados'.

PAGO A EMPLEADOS

Los dirigentes de los operadores se reunieron este jueves durante una hora y media con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para conocer cómo se realizará el pago de sus prestaciones laborales al traspasar la empresa a manos estatales.

El titular del Mitradel, Luis Ernesto Carles, explicó que en concepto de prestaciones laborales e indemnizaciones se desembolsarán $13 millones, y otros $3.2 millones en horas extras dejadas de percibir.

El monto es rechazado por el sindicato de operadores del metrobús.

El abogado del sindicato, Valentín Jaén, sostuvo que en horas extras se les adeuda mucho más que $3.2 millones, pero no especificó cuánto.

En la reunión se dejó claro que, una vez el Estado compre la empresa, se procederá primero a pagar las horas extras adeudadas y después las prestaciones laborales a 4 mil colaboradores.

Carles reiteró que cuando la compañía pase a manos panameñas, en un periodo de seis meses, los trabajadores serán recontratados.

Sin embargo, Donaldo Sousa, coordinador de la Asamblea Ciudadana, reprochó que se haya adquirido deudas de una empresa que incumplió su trabajo. ‘No debió el Gobierno comprometer al Estado en una compra que incluye el pago de horas extras', cuestionó Sousa.

CONTRATAN EMPRESA

Al salir los directivos y empresarios colombianos del sistema, el Gobierno anunció este miércoles que la empresa estadounidense First Transit es el nuevo operador que gerenciará el metrobús.

La Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) cuestionó que la actual administración no realizó ningún acto público transparente para contratar a esa compañía, que opera buses en más de 3,700 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

La organización indica que una licitación pública garantiza las reglas del juego y permite la participación libre de compañías interesadas.

Nelva Reyes, secretaria general de la CGTP para el periodo 2015-2018, opinó que las contrataciones directas hacen perder la credibilidad.

First Transit cobrará más de $3 millones al año por su servicio en Panamá.

Los ministros y el propio Varela tienen opiniones favorables hacia el consorcio y sostienen que cuenta con 60 años de experiencia como líder en el manejo de contratos de administración.

Aun así, el abogado Cedeño apuntó a honrar el artículo 266 de la Constitución Política, que ordena que la ejecución de obras, compras y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes al Estado se hagan mediante licitación pública.

‘Si ayer fueron malas las contrataciones directas, hoy no debe ser la excepción', arguyó el experto.

Escorcia, en tanto, manifestó que se habría podido discutir públicamente el asunto, buscando una solución adecuada para la ciudad y la administración, para que el dinero quede en casa.

EMPRESA ENDEUDADA

Al adquirir las acciones de MiBus, según el abogado Martínez, quien ha puesto tres demandas en reclamo de las indemnizaciones, el Estado adquiere los compromisos de las multas y los procesos civiles interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia.

El exdirector de la ATTT, Carlos Harris, aseguró que al adquirir el metrobús se está dando continuidad a una serie de situaciones y problemas que fueron los que llevaron a este sistema al fracaso por su mal servicio, aunado a la falta de planificación.

‘Debemos recordar que el metrobús lo decidió el anterior gobierno, más con fines políticos que con fines de resolver el sufrimiento de los usuarios', consideró.

Harris percibe falta de transparencia gubernamental y exhortó a que se publique toda la información referente a la operación del sistema y cómo se llegó a la contratación de First Transit.

Una posición más conciliadora expuso Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien alegó que en un corto periodo de tiempo se podrá evaluar la conveniencia de cada decisión tomada.

‘En este momento debemos valorar las decisiones como positivas y acordes con las exigencias ciudadanas para mejorar el transporte público', consideró Araúz.

EL DISFRUTE DE MIBUS

Durante la administración de Ricardo Martinelli se otorgaron $246 millones de fideicomiso para beneficio de la empresa colombiana.

Se le concedió, además, unos seis patios, valorados en $46 millones, para que estacionaran sus vehículos.

El Estado también les dio, mientras durara el periodo de concesión, pactado a 15 años y que arrancó en 2010, ‘fondos de gastos operacionales' por $31 millones.

Y para que todo fuera color de rosa, se beneficiaron con un subsidio de $109.7 millones por 15 años ($8 millones al año).

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‘El Estado tenía la sartén por el mango; es una compra que solo se trata de perder y perder',

SANDRA ESCORCIA

EXDIRECTORA DE LA ATTT

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DEMANDA

Practican pruebas contra Sonda

La Corte Suprema de Justicia realizó ayer una práctica de pruebas en el proceso de demanda de nulidad contra el contrato entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos (Sonda), encargada de la distribución y recarga de las tarjetas del sistema metrobús. La demanda fue presentada en abril de 2013 por el abogado Víctor Martínez, en representación de los usuarios del transporte, entre ellos Esperanza Mena. Martínez informó que ayer dos usuarios del sistema de transporte declararon ante la Sala Tercera de la Corte, como parte de las pruebas que se practicaron. ‘Hasta el momento solo nosotros los demandantes hemos presentado pruebas', dijo. El abogado explicó que son las últimas pruebas que se practican y lo que sigue son los alegatos de las partes (demandante y empresa). La demanda se fundamenta, explicó Martínez, en que el contrato no fue aprobado por el Consejo de Gabinete, sino por la Junta Directiva de la ATTT, lo que viola la Ley 5 de 1988, que regula los contratos administrativos. Además, en el contrato, el Estado garantizó a Sonda $180 millones y eso desnaturaliza los contratos de concesión, donde la persona jurídica se obliga a invertir a riesgo propio y recuperar su inversión por mecanismo, como establecer tarifa por servicio.

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LOS NÚMEROS DEL METROBÚS

El sistema de transporte funciona en Panamá y San Miguelito.

500 mil personas al día traslada el sistema de transporte público, que funciona entre los distritos de Panamá y San Miguelito.

83 rutas tiene el sistema entre transversales y corredores, con una cantidad de 1,236 metrobuses en un horario de 24 horas.