De La Guardia y Cortés, potenciales implicados en caso “Cobranzas”

La investigación que se le sigue a Cobranzas del Istmo, S.A. por el cobro ilegal de comisiones se complica. Nuevos personajes vinculados a la actual administración de gobierno podrían ser investigados en los próximos días en relación a este caso.

Por el momento, se conoce que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, ha desistido de llamar como testigos, dentro de este expediente, a Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, y Publio Cortés, director de Ingresos, por cuanto estos funcionarios gestionaron y entregaron los últimos cinco pagos de comisiones a la empresa recaudadora de impuestos morosos.

La fiscal Morcillo considera que los $7 millones pagados por De La Guardia y Cortés a Cobranzas del Istmo pueden abrir paso a nuevas investigaciones.

‘El despacho procede a dejar sin efecto la remisión de los respectivos cuestionarios al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y al director General de Ingresos, Publio Cortés, cuyo fin era recibirles una certificación jurada relacionada con los hechos investigados dentro del presente sumario', cita textualmente el documento firmado por la fiscal el 28 de octubre de 2015.

Cristóbal Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, fue el primero en dar a conocer los pagos. ‘Es importante señalar que los últimos pagos que recibió Cobranzas del Istmo por el actual gobierno y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fueron efectuados mediante transferencia electrónica (ACH) (...) y corresponden a las comisiones que nos adeudan de los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2014', señaló el empresario durante una declaración indagatoria el 20 de mayo.

El 30 de junio de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción había decidido tomar declaración jurada a los funcionarios, en calidad de testigos, pero cuatro meses después (28 de octubre de 2015), el despacho admitió un recurso interpuesto por la defensa de Luis Cucalón, que advertía la improcedencia de la medida, tras señalar que podrían haber incurrido en el mismo delito que se le imputa al exdirector de Ingresos.

‘(De La Guardia y Cortés) hicieron exactamente lo mismo que mi representado', alegó Carlos Carrillo, abogado de la defensa de Luis Cucalón.

Cucalón fue acusado de delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, tras haber pagado $47 millones en comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., cuyo propietario era su viejo socio y amigo Cristóbal Salerno.

También a finales de octubre, se conoció la noticia de que la Fiscalía pidió al Juzgado Primero Penal una prórroga de dos meses para seguir con las pesquisas sobre el pago de supuestas coimas por el presunto cobro ilegal de comisiones por parte de Cobranzas del Istmo, S. A.

La recaudadora, que fue beneficiada con el contrato para cobrar impuestos morosos el 25 de agosto de 2010, fue cuestionada por su dudosa gestión.

El 1 de octubre de 2014, Cortés declaró la nulidad absoluta del contrato. Posteriormente, la empresa interpuso un recurso.

Pero lo que nadie sospechaba era que, en momentos en que ya se discutía la inconstitucionalidad del contrato, los pagos continuaron. Entre el 19 de noviembre de 2014 y el 16 de enero de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas pagó a Cobranzas del Istmo $7 millones en concepto de comisiones.

En noviembre, se realizó un pago de $475 mil. En diciembre, otros tres —por $454 mil, $631 mil y $1.9 millones. El último, en enero, por $3.6 millones, se dio bajo la gestión de Federico Humbert Arias, actual contralor de la República de Panamá.

El último pago a Cobranzas del Istmo se efectuó días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión provisional del contrato, pero el MEF alegó que no había sido notificado.

El pago se produjo solo tres días antes de que el mismo MEF presentara una querella penal contra Luis Cucalón, antiguo director general de Ingresos, por, al parecer, introducir una afirmación falsa en el contrato con Cobranzas del Istmo, firmado en agosto de 2010.

Los pagos fueron hechos efectivos a pesar de que dentro del mismo ministerio se estaban realizando auditorías que revelaban fallas de control administrativo en la Dirección General de Ingresos e incumplimiento en el contrato con Cobranzas del Istmo, S.A.

En su defensa, la institución había señalado, previamente, que las obligaciones fueron adquiridas por el Estado luego de las autorizaciones de Luis Cucalón y que, desde la entrada de Publio Cortés, no se aprobaron nuevas órdenes de pago.

Previamente, José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que bajo ninguna condición se debieron haber hecho esos últimos pagos, mucho menos tomando en cuenta que desde octubre se había solicitado anular los efectos de este contrato por supuestas irregularidades.

Por su parte, el director de ingresos, Publio Cortés señaló que desconoce los detalles de cualquier pago que el Estado le haya hecho a la empresa y asegura no haber recibido ninguna comunicación de la Fiscalía.

De La Guardi no contestó por estar de viaje.

La defensa del exdirector de Ingresos prevé que la fiscal compulsará copias a la Corte Suprema para que se investigue a los funcionarios de la administración de Juan Carlos Varela.

‘Cucalón pagó aplicando su criterio; sin embargo, De La Guardia y Cortés lo hicieron a sabiendas de que consideraban ilícito el contrato y que lo habían denunciado', concluyó Carrillo.

Las investigaciones por el caso comenzaron en enero de 2015. Hasta el momento, el único detenido es Cucalón.

Otra de las polémicas que ha surgido con relación a los últimos desembolsos efectuados a Cobranzas del Istmo son las recientes declaraciones de Sidney Sittón, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, quien alegó que José Luis ‘Popi' Varela, del Partido Panameñista, y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático, habrían recibido un millón de dólares cada uno por agilizar los pagos a Cobranzas del Istmo en esta administración.

Ambos políticos negaron ese supuesto y prometieron denunciar a Sitton. No obstante, este último informó que, hasta ahora, nadie lo ha citado. ‘Popi' Varela es hermano del presidente Juan Carlos Varela.

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PROCESO PENAL

La Corte Suprema de Justicia, a la espera de que se levante el fuero electoral a Ricardo Martinelli

Casi dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera investigar al expresidente de la República Ricardo Martinelli por el presunto cobro de coimas a la empresa Cobranzas del Istmo, el caso no avanza.

El pleno de la CSJ acogió esta causa penal el pasado 23 de septiembre, cuatro meses después de que el empresario Cristóbal Salerno, dueño de la empresa beneficiada para recaudar impuestos, declarara ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que le entregó maletines de dinero al expresidente, como parte del negocio del cobro de impuestos.

En esa declaración, Salerno también señaló que le había entregado un cheque de $900 mil a través de la compañía Energías del Istmo.

En este caso, que es manejado por Harry Díaz como juez de garantías, y Abel Zamorano como fiscal, se calcula una lesión patrimonial por $29 millones.

La Estrella de Panamá conoció que el proceso está frenado mientras no se levante el fuero electoral al expresidente. ‘Las investigaciones no pueden iniciar hasta tanto no se le levante el fuero electoral porque podría incurrirse en nulidad del proceso', explicó una fuente de la CSJ.

Martinelli goza de este fuero por ser parte de la junta directiva del partido Cambio Democrático, colectivo que está en proceso de elecciones, pospuestas para el próximo año, tras modificar la convocatoria inicial, prevista para el pasado 25 de octubre.

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