Acuerdo con Finmeccanica: ¿perdió o no el Estado?

“Teníamos limones, y con eso hicimos limonada”, arguyó el embajador en Roma, Fernando Berguido, para atajar las críticas que han surgido al acuerdo económico que alcanzó el Gobierno de Juan Carlos Varela con el coloso italiano Finmeccanica, por la anómala compra de 19 radares fijos para combatir el narco en las costas.

El pacto ha despertado debates sobre lo conveniente o no para el Estado, que dice ahorrarse $100 millones, en lugar de continuar con una disputa judicial que "podría costar otros $20 o $30 millones más". Aunque, salva, cualquiera posibilidad de llevar el caso a la esfera penal, sigue en pie.

“El tema central de la corrupción y las coimas quedó saldado”, sostiene el abogado Ebrahim Asvat, que se ha mostrado opuesto al acuerdo. En el documento, el Gobierno de Varela admitió que no hubo pago de coimas (ni comisiones) por intermedio de Agafia Corporation, que pretendía cobrar $25 millones por servicios de cabildeo.

“Eso nunca se pagó”, remarcó Berguido.

¿Tiene eso algún efecto en el proceso que sigue el Ministerio Público contra el exministro José Raúl Mulino  o el exsecretario de Seguridad Alejandro Garuz, detenidos por este caso?

El caso en manos del MP

La defensa de Mulino dijo estar la tarde de este miércoles discutiendo el tema, para adoptar una postura y definir qué medidas legales interpondrán. El Juzgado Quinti Penal debe definir todavía si le llama o no a juicio por haber comprado un sistema de radares que, dice el Servicio Aéreo Naval, no funciona.

“El acuerdo comercial confirma que no hubo lesión patrimonial y que se violó el principio de mínima aplicación de la ley penal a Mulino”, sostuvo la abogada Edna Ramos, expresidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas.

Sin embargo, las cosas no son tan blanco y negro como parecen, advierte el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz. “Todo dependerá de la interpretación que le dé el Ministerio Público”, insiste. Según el protocolo, la procuradora Kenia Porcell deberá revisar el acuerdo comercial entre el Estado y Finmeccanica, para sancionarlo o no.

“Su papel aquí cobra especial relevancia, porque con su opinión sobre el arreglo determinará si se constituye en una prueba a favor de Alejandro Garuz y José Raúl Mulino, o si deja enmarcada la diferencia entre que no hubo coimas, pero el Estado incurrió en gastos que no necesitaba”, explica.

No hubo coimas, pero el Estado sí perdió

“Esto no extingue las acciones penales”, recalca el diputado Jorge Alberto Rosas, uno de los primeros en alzar su voz en 2012, cuando el proyecto de radares empezó su marcha.

Hoy, dice el embajador Berguido, una de las cosas que ha quedado demostrada es que no hubo ningún informe que sustentase la necesidad de comprar los radares que se adquirieron ni su cantidad.

“Bien pudo haber sido 19, 25 o 28”, banalizó. “Y no es que los radares de Selex son malos; el Canal los usa. El problema es que lo comprado fue insuficiente, (Panamá tiene) 3,500 kilómetros de costa, por lo que se necesitaban 600 radares fijos”, siguió.

La tesis del Gobierno es que, cuidando los intereses públicos, el Gobierno de Martinelli debió decantarse por radares móviles y no por los 19 fijos que compró a Finmeccanica, por $250 millones. Mulino ha dicho, en contraste, que en todo caso deberían citar a todo el Gabinete a la fiscalía, porque fue ese ente el que lo aprobó.

El Gobierno apuesta a que nada cambiará.