Fiscalía Anticorrupción ordena inspección por ‘costos inflados' de GUPC

A pocos días de comenzar a operar la obra más emblemática del país, la ampliación de la vía interoceánica, estructura encargada en gran parte al Consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la Fiscalía Tercera Anticorrupción a cargo de Zuleyka Moore ordenó practicar una diligencia de inspección ocular al departamento de Asesoría Legal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para conocer si se ha tomado alguna acción para contrarrestar la tendencia del contratista a presentar costos inflados. De ser así, ante qué instancia se ha dirimido y cuál ha sido el procedimiento para ello.

La decisión es producto de la falta de respuesta del administrador de la vía interocéanica, Jorge Luis Quijano, a los cuestionamientos de la funcionaria de instrucción del Ministerio Público (MP) quien mediante nota fechada 16 de abril de 2016 solicitó que informara si había tomado alguna acción ante las palabras que él pronunció a viva voz.

AVANCES DEL PROCESO

La fiscal investiga la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en perjuicio de la ACP basada en las denuncias públicas que expresó el administrador de la vía interoceánica quien mencionó en medio de los acaloradas diferencias surgidas entre la ACP y GUPC en enero de 2016 que "quedaba en evidencia la tendencia del contratista a presentar costos inflados".

Las palabras del funcionario de la ACP fueron recogidas por el abogado Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), quien en marzo pasado presentó una querella penal a título ante el Ministerio Público contra GUPC, por fraude contractual y falsedad.

El texto de la denuncia recoge las supuestas pruebas por las que Araúz, y ahora la fiscal, consideran existió un fraude al Estado.

Moore recogió indicios que evidenciarían las denuncias presentadas por Quijano. En la página electrónica de la ACP se anuncia que de los cinco fallos de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), por reclamos del consorcio a la vía interoceánica se le ha otorgado casi $600 millones menos del monto planteado, que ascendía a $803 millones. Un escenario que pone en el tapete una posible estafa o su intento al erario público, según el documento de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

En la diligencia de inspección ordenada por esta Fiscalía, también se busca conocer si la ACP ha efectuado pagos en respuesta a estos costos inflados.

En su momento, Araúz consideró que el desfase en la culminación del proyecto de ampliación de la vía interoceánica se atribuía directamente a GUPC, tal como lo estipula la auditoría realizada por la firma Ernst & Young, firmada el 17 de diciembre de 2015.

Entre los factores que contribuyeron al retraso, según la auditoría, se mencionan los problemas organizacionales del contratista al iniciar la obra, las ineficiencias, el retraso en el diseño y pruebas de las mezclas para hormigón, así como la suspensión temporal unilateral de la obra en enero de 2016 y las filtraciones detectadas en el quicio 3 del Pacífico.

Como consecuencia, la fiscal encargada de la instrucción sumarial, ordenó practicar las pruebas solicitadas por el querellante para corroborar lo denunciado. La primera consiste en llamar a declarar al administrador de la ACP para que determine la dimensión y alcance de los posibles daños al Estado.

Según Araúz, los hechos permiten concluir que el país puede ser sorprendido en su buena fe e incurrir en pagos de sumas no justificadas en alguna etapa de la ejecución del contrato de la ampliación del Canal de Panamá.

La querella reclama como públicos los fondos del Canal y su supervisión y uso es responsabilidad de las autoridades nacionales y de los panameños para garantizar la utilidad pública de cada centavo invertido.

Por tanto, indica la acción penal, la solución alternativa de conflictos, específicamente las arbitrales, no puede ser utilizada para encubrir pagos indebidos o legitimar fórmulas ‘extorsivas' o métodos de presión para llegar a acuerdos que rompen la buena fe contractual. En este sentido, estas conductas, se lee en el documento de la querella, ‘deben ser ventiladas por el derecho penal económico'.

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ANTECEDENTES

Reclamos de GUPC podrían quedar en el aire

Grupo Unidos por el Canal (GUPC) fue contratado en 2009 para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica por un monto total de $3,118 millones, sin incluir los años de mantenimiento.

Sin embargo, en el transcurso de la construcción, el consorcio ha presentado una multiplicidad de reclamos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que en total suman $3,400 millones.

Para ser resueltos, los mismos recorrerán tres instancias distintas, hasta la recta final, a manos de la Dispute Adjudication Board (DAB por su siglas en inglés) que hasta la fecha ha ordenado a la ACP el pago de $233 millones a favor del consorcio.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), planteó en una denuncia que interpuso con la empresa que se le exijan los informes técnicos, contables y periciales sobre los cuales respaldan sus reclamos y que permitan ser contrastados por expertos forenses para determinar si existe falsedad en los mismos.

Entre las consideraciones que se resalta de los fallos del DAB en relación a los costos de mano de obra, el abogado hizo notar que las metodologías de cálculo de GUPC podrían ‘inflar artificialmente' los costos. Cabe señalar que el DAB contrata sus propios expertos en estimación de costos para asistirlos en llegar a los montos.

Aunque las investigaciones apenas empiezan, la empresa contratada para construir el Tercer Juego de Esclusas podría dejar de percibir el pago de cualquier reclamo que en el futuro falle a su favor la Junta de Resolución de Conflictos (DAB). Esto, en caso de que los tribunales panameños encuentren culpable al consorcio por los delitos que se le imputan.

La demanda, según Araúz, no guarda relación con los reclamos que tienen que ser ventilados en las instancias que se determinan en el contrato, pero es un procedimiento que permite verificar que esos reclamos no afecten el patrimonio del Estado panameño, que puede haberse visto afectado.