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08 de Apr de 2020

Nacional

CSS debe indemnizar a España por $2,300

El Tribunal Supremo español no admitió una demanda de la entidad, ahora debe correr con las costas

CSS debe indemnizar a España por $2,300
La entidad elaboró jarabes que contenían glicerina contaminada con dietilenglicol para los usuarios.

La Caja de Seguro Social (CSS) está obligada a pagar 2,000 euros (unos $2,300) a España por el proceso relacionado con el caso del envenenamiento masivo con dietilenglicol. El Tribunal Supremo de España no admitió un recurso contencioso administrativo que interpuso la CSS en contra de una desistimiento a las pretensiones de la institución de seguridad social por los daños causados por la intoxicación.

Además de no admitir la demanda, el fallo del Tribunal Superior establece ‘imponer las costas al demandante (CSS) hasta un máximo de 2,000 euros por todos los conceptos para cada una de las partes demandadas'.

La CSS reclamaba al Estado español una indemnización de entre un 50% y 100% de los gastos en los que habían incurrido por la intoxicación masiva, como consecuencia de la compra de glicerina contaminada con dietilenglicol a la empresa española Rasfer Internacional.

El fallo del Tribunal Superior señala que no está acreditada la relación entre la empresa y el Estado español, ni se hace mención a que elaboró y comercializó en Panamá el jarabe, que se distribuyó entre los usuarios de la CSS.

La decisión del Tribunal Supremo ha tenido efecto entre los defensores de la CSS. Pedro Montañez solicitó a la junta directiva de la entidad investigar la contratación de una firma de abogados para presentar la demanda en España. A juicio de Montañez, la pasada administración de la CSS se gastó unos $100,000 en la contratación de abogados para presentar el recurso ‘que tenía todos los visos de ser rechazado dado los antecedentes judiciales del caso'.

La glicerina contaminada con dietilenglicol fue utilizada en la preparación de jarabe para la tos que la CSS entregaba a sus usuarios.

El envenenamiento dejó como saldo 330 personas fallecidas y un número indeterminado de afectados. El Gobierno estableció una pensión, de $600 mensuales para los afectados.