Reclamo por Corozal, a esfera internacional

El proyecto portuario de Corozal, que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no termina de convencer al Colegio Nacional de Abogados (CNA). El gremio insiste en que se realice una consulta pública para aprobar o rechazar este tipo de megaproyectos.

‘En caso de que la ACP despliegue publicidad para favorecer el proyecto, exigir el mismo espacio para los que cuestionamos el proyecto, por inconsulto e inconveniente', señala el CNA en un comunicado.

A juicio de la agrupación de abogados, el proyecto de Corozal ‘atenta contra la vida y la salud de los residentes de las comunidades vecinas. La dignidad humana hay que respetarla', recalca el CNA.

Los abogados, además, amenazan con presentar los recursos pertinentes ante las instancias nacionales e internacionales, en defensa de los derechos de las comunidades vecinas.

El gremio informó que estudiará si la ACP tiene competencia legal para regular al operador portuario y para la solicitud de exoneración fiscal, en vista de que, a juicio del gremio, la Ley General de Puertos señala ‘claramente que no habrá equiparación para los futuros operadores portuarios' .

‘Una cosa es que el operador portuario sea el propio Canal de Panamá y otra muy distinta que lo sea un tercero', recalca el gremio.

OPOSICIÓN Y APOYO

La ACP prevé realizar la homologación el 22 de noviembre

Además del Colegio Nacional de Abogados, los residentes de la zona se oponen al proyecto.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, por su parte, apoya la obra y la considera ‘oportuna'.

La oposición del Colegio de Abogados se suma a la de los residentes de las áreas revertidas, especialmente los que viven más cerca del proyecto, que se oponen a la construcción del puerto en Corozal y, a cambio, piden que se evalúen otras áreas.

A pesar de la oposición, la ACP continúa adelante con el proyecto y tiene previsto realizar el próximo 22 de noviembre la reunión de homologación para la licitación del proyecto.

La entidad cuenta con el respaldo de los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Este martes, incluso, la CCIAP y la ACP realizaron un foro para exponer las ‘bondades' del proyecto. Jorge García Icaza, presidente del gremio empresarial, consideró que es imperativo diversificar los negocios en torno al Canal con la finalidad, a juicio del empresario, de incrementar su rentabilidad y competir con otros centros logísticos de la región, como Colombia, Cuba y Jamaica.

Jorge Luis Quijano, administrador de la ACP, es optimista y confía en que el proyecto será construido, a pesar de la oposición.

Hasta ahora, cuatro consorcios (Terminal Link, de Francia; APM Terminals B.V. de Holanda; Terminal Investment Limited, S.A. también de Holanda; y PSA International Pte., Ltd, de Singapur) compiten para la licitación, prevista para principios de 2017.

Según Quijano, a más tardar el 2 de febrero se deberá conocer la empresa ganadora del acto público de la concesión, que puede ser hasta por 40 años.

La ACP deberá invertir $80 millones en el dragado de lugar, donde se construirá el proyecto.

El Colegio Nacional de Abogados, por su parte, advierte de una dualidad de funciones. A juicio del gremio, el desarrollo portuario es competencia de la Autoridad Marítima de Panamá y no de la ACP, por lo que no ‘está claro' que tenga la ‘capacidad legal' de liderar el negocio portuario.