‘La drogadicción se trata con datos científicos', OEA

La drogadependencia en los países de Latinoamérica es un tema de preocupación en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La oficina del organismo en Panamá adelanta una serie de medidas que buscan contrarrestar el fenómeno, desde crear métodos científicos en los programas de rehabilitación, como política de prevención.

La realidad es cruda y el embajador de la OEA en Panamá, Pedro Vuskovic, la desnuda y habla de los diferentes programas que se desarrollan para contrarrestar este flagelo.

La OEA busca unir esfuerzo del sector privado y fundamentalmente del público. ‘Una importante fuerza de trabajo tiene problemas de drogadicción y eso incide sobre la productividad y la seguridad laboral', señala Vuskovic. Es por eso, añade el diplomático, se ha introducido la temática de la prevención y el tratamiento de la drogadependencia en las empresas.

A juicio de Vuskovic los países Latinoamérica dejaron de ser lugares de tránsito del narcotráfico y cada vez son más consumidores de droga. Las cárceles, alega, son lugares que incentivan el consumo.

El embajador dice que diversos estudios han revelado que entre el 20 y 25% de la población penitenciario tienen problemas de drogadicción cuando entra a un centro penitenciario y la cifra se eleva el doble, cuando la abandonan.

‘Hay mucho centros que se dedican a la rehabilitación, pero no hay claridad en cómo hacerlo',

PEDRO VUSKOVIC

EMBAJADOR DE LA OEA

‘En los centros penitenciarios se incrementa el consumo y es un tema que requiere atención', insiste. Es en esta realidad, donde el embajador Vuskovic hace énfasis en los programas de capacitaciones a profesionales que adelanta el organismo. Los programas de los centros penitenciarios tiene deben ser atendidas por custodios, trabajadores sociales, sociólogos, psiquiatras, pero es importante que estos profesionales tengan una especialidad en manejo de prevención y rehabilitación de la drogadicción, señala.

‘Podemos tener un trabajador social, pero un trabajador social especialista en prevención y tratamiento de la drogadicción es diferente', dice. Vuskovic lo compara con la medicina. Hay médicos generales, pero otra cosa es ser neurocirujano o pediatra. ‘Yo no me operaría con un pediatra, acá es exactamente lo mismo, se requiere una especialidad en el tema para atender estas personas', recalca.

La OEA en conjunto con la Universidad de Panamá impulsa un diplomado en la prevención y tratamiento de la drogadependencia. El organismo, además, desarrolla un curso de nivelación de bachiller para los estudiantes que desean estudiar un técnico sobre la prevención y tratamiento de la drogadependencia.

Todo esto dentro del Programa de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de la Drogapendencia que realiza la OEA en conjunto con distintas instituciones del Estado, entre esas el Ministerio de Salud, Ministerio Pública, el Ministerio de Gobierno y la Universidad de Panamá.

Además del aspecto académico, también se realizan capacitaciones a funcionarios involucrados en el tema. ‘El programa ayuda a las instituciones del Estados a establecer una estrategia, principalmente contar con parámetros científicos para atender a las personas adictas', dijo el embajador.

Hay pocos parámetros -no solo en Panamá, sino a nivel regional, de lo que un centro de rehabilitación debe dar, enseñar o hacer en los programas de rehabilitación.

Lo que se busca es lograr un estándar en el tratamiento de rehabilitación basado en el conocimiento y la evidencia científica, señala.

Vuskovic también considera que la drogadependencia se debe ver como un problema de adicción y no como un acto de voluntad de la persona por el consumo.

‘La percepción general, no solo de Panamá, es que es un problema de las personas que decide consumir, pero no es así', dice.

La adicción, recalca, es una enfermedad, que producen otros problemas como la delincuencia y la violencia intrafamiliar. Es por eso, añade, que es fundamental abordar el tema desde el aspecto de la prevención porque estamos hablando que es un problema de salud pública y no de seguridad.

Si este flagelo no se atiende como un problema de salud pública termina siendo, no solo un asunto de salud pública, sino también de seguridad.