Panamá necesita leyes para proteger a los periodistas

Actualizado
  • 05/12/2016 01:00
Creado
  • 05/12/2016 01:00
Sin periodismo no hay democracia y sin periodistas no hay libertad de expresión, recalcó el relator especial sobre esa materia de la CIDH

En la región hace falta derogar las leyes que penalizan las expresiones de interés público. Si los periodistas están sujetos a la ‘amenaza judicial' de cárcel o de demandas millonarias, peligra la libertad de expresión por un claro efecto inhibitorio y de autocensura. Así opina el relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción de Transparencia Internacional, que terminó este domingo.

Según Lanza, ‘el uso del derecho penal para castigar el periodismo, debe acabar'.

LOS PRINCIPIOS

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales (...) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente.

‘No se puede limitar el libre ejercicio del periodismo, incluso cuando las fuentes formales no colaboran en la divulgación de información de interés público. La corrupción se ha filtrado en nuestros sistemas políticos y sin periodismo independiente no hay defensa de la democracia ni los derechos humanos', estableció Lanza durante una charla titulada ‘La prensa y la ley', convocada por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin), que se celebró en el marco del foro anticorrupción.

Hay muchos países en la región que ya están avanzando para que sus legislaciones no se conviertan en instrumentos de presión, adelantó, con la referencia de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

En ese sentido, indicó Lanza, Panamá, como país que respeta las libertades fundamentales, ‘debe revisar su elenco de nomas'.

‘La Relatoría tiene un estándar muy claro. Para asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos, despenalizar...eliminar las figuras penales que puedan terminar con los periodistas u opositores o denunciantes, en prisión...eliminar, para la información de interés público, el delito por difamación, injuria o calumnia... de desacato o ese tipo de figura penal, y establecer un régimen civil para determinar la responsabilidad civil que contemple alguna regla como las que recomendamos en nuestra Declaración de Principios. Aplicando nuestra declaración de principios se puede avanzar mucho en la materia', subrayó el relator, que se declaró a favor de las medidas que empiezan a evaluar en Argentina, Uruguay, República Dominicana, donde se han declarado inconstitucionales una serie de figuras penales sobre el desacato, la injuria y la calumnia.

‘Se ha avanzado en forma fragmentada en la región...hay países que han despenalizado pero no han adecuado su régimen civil, como en México, que ha despenalizado a nivel federal, pero ha mantenido abierta la responsabilidad civil y eso ha provocado que hoy muchos periodistas tengan demandas millonarias que también tienen un efecto inhibitorio. Hace falta una reforma más integral', subrayó Lanza, quien considera que ‘Panamá tiene la oportunidad de ser un ejemplo en esta materia'.

‘Panamá tiene un desafío importante con la circulación de información sobre empresas privadas pero que afecta al interés publico nacional e internacional, por lo tanto creo que debe haber medidas para proteger a los periodistas que van a requerir información en ese sentido. Se habla cada vez más de algunos casos, en los que, por los bienes públicos que manejan, el sector privado también tiene que tener más transparencia y sería bueno ponerlo sobre la mesa. Yo creo que Panamá debería modificar su legislación penal para no dejar ninguna duda de que no va a estar penalizado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión', insistió Lanza, que no quiso dejar de mencionar la violencia como la ‘más brutal' de las agresiones contra la libertad de expresión.

En pleno siglo XXI, añadió, todavía mueren periodistas en la región en total impunidad. ‘No pasa nada', increpó Lanza, tras animar a utilizar los instrumentos jurídicos intercontinentales para denunciar los casos de abuso de poder o intimidación.

‘Nos están ganando la batalla. Defender el periodismo libre, independiente, también es una responsabilidad de la sociedad. Hay que litigar. Hay que trabajar para defender los principios de la democracia', concluyó.

"Donde no existen garantías suficientes para el ejercicio de la libertad de expresión, pierde la circulación de información de interés publico y en definitiva, la sociedad", declaró el relator.

"Velamos por la protección de los periodistas porque es una profesión que encarna la manifestación fundamental de la libertad de expresión además de su dimensión social para garantizar que la población reciba información sobre lo que hacen sus gobernantes. La libertad de expresión es un derecho muy frágil que no vale solo con declamarlo", insistió Lanza.

Según explicó, en algunas de las audiencias celebradas en Panamá, durante la 159 sesión de la CIDH, que culmina el jueves,  quedó establecido que se puede vulnerar la libertad de expresión también por "vías  indirectas", como aplicar una figura penal  amplísima, como la protección de la patria, o por los delitos de desacato que impiden la crítica a un funcionario público. "En una democracia debe existir el derecho a criticar  un funcionario publico justamente por serlo...cada medida que se toma en el ámbito legislativo, político, judicial puede incidir en la libertad de expresión", acotó.

Y sobre la colegiación obligatoria que se promueve en algunos países, Edison Lanza  subrayó que es un mecanismo que va contra la libertad de expresión, como ya lo estableció la Corte Interamericana en una "excelente sentencia" en 1985. "Los periodistas no pueden estar sometidos a un permiso o a una autorización previa de un colegio o de algo o de alguien que se arroge el derecho a decidir quién o cómo puede hacer uso de su libertad de expresión", apuntó.

De las regulaciones por publicaciones en Internet, indicó, que "hay que tener mucho cuidado", porque, si bien no debe haber censura previa ni control previo para la divulgación de información,  en un medio más abierto,  mas descentralizado, "los controles se vuelven mas complicados" y recomebdó siempre aplicar el "test" del propio sistema interamericano sobre el "interés legítimo protegido": necesidad y proporcionalidad, cuando se estudia cualquier tipo de restricción de la libertad de expresion.

Al tanto de las iniciativas legislativas y ejecutivas propuestas en Panamá sobre el ejercicio del periodismo, Lanza recalcó que la mejor estrategia contra la discriminación de la mujer en los medios de comunicación es el debate y animó a rechazar las "estructuras legales demasiados abiertas",  por "problemáticas".

Periodista de profesión y ejercicio, además de abogado, Lanza recordó a los medios el grado de autocrítica que les toca y abogó por un régimen de transparencia también en las redacciones. "La sociedad moderna, la sociedad informada, la sociedad de la información, requiere que la gente sepa cuál es mecanismo para presentar quejas o consultas a la prensa que también tiene que responder a su audiencia", puntualizó, antes de añadir que "cuando los periodistas no se rigen por principios éticos responsables también ponemos en riesgo la democracia". 

"Hoy nos enfrentamos a un nuevo fenómeno, el de las noticias falsas, y su efecto dañino para la profesión, si libertad de expresión es democracia, nosotros como periodistas no podemos jugar con la credibilidad de nuestro trabajo y debemos ser los más rigurosos y dar a conocer a los lectores, a las audiencias cuáles son nuestros estándares, nuestros criterios profesionales,  nuestros conflictos de interés... si no aumentamos la credibilidad en la profesión, va a estar también en serio problema y el ejercicio de la democracia", sentenció.

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