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12 de Apr de 2021

Nacional

Cedeño pedirá a Antai informe sobre donaciones en el Estado

El abogado Cedeño requerirá además el descuento 50% del salario de las personas que niegan la información, según dispone la ley 33 de 2013

Ante la negativa de algunas instituciones del Estado a proporcionar información sobre los donativos que ha hecho la Asamblea Nacional con fondos públicos, el abogado Ernesto pretende presentar hoy una solicitud hoy ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

El abogado comunicó a La Estrella de Panamá que a pesar de que instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría de la República, no le han proporcionado la información, insistirá. Ahora lo hará por vía de la Antai.

Cedeño dijo que las normas que rigen el acceso a la información en el Estado, le permiten hacer tal requerimiento y en el caso que no lo hagan, se les debe aplicar una multa correspondiente al 50% de su salario mensual.

Citó para tal sanción, el artículo 40 de la Ley 33 del año 2013.

Según Cedeño, a pesar de sendas solicitudes, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guarda, como el contralor de la República, Federico Humbert, han omitido la entrega de la información, lo cual considera, se constituye en una falta al cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

LOS REQUERIMIENTOS

Cedeño informó que desde el 9 de noviembre hizo la mencionada solicitud al ministro De La Guardia, lo mismo hizo con el contralor Humbert.

Según sostiene Cedeño por tratarse de fondos públicos, cualquier ciudadano está en pleno derecho de hacer la solicitud y los funcionarios están en la obligación de brindarla, sin más requerimientos de los que para estos casos establezca la ley.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los dos funcionarios han proporcionado la información requerida y lo que considera más grave todavía es que no han brindado una justificación para su actuación.

‘SON FONDOS PÚBLICOS, HAY QUE INFORMAR SOBRE EL USO QUE SE LES DA. ADEMÁS LOS DIPUTADOS NO ESTÁN PARA HACER DONATIVOS,

ERNESTO CEDEÑO,

ABOGADO DEMANDANTE

SOLICITUD A LA ANTAI

Además del monto que se ha destinado para este tipo de donaciones, el abogado está interesado en conocer: cuánto es lo que destina el Estado, en este caso la Asamblea Nacional para este tipo de gastos.

Cedeño recordó que en materia constitucional y legal, no existe norma alguna que establezca que entre las funciones que le corresponden a los diputados de la nación está la entrega de donativos y muchos menos con fondos públicos.

Otro tema que tampoco es de conocimiento público es en qué partidas se consignan estos fondos, si es en el presupuesto de la Asamblea Nacional como institución o si es el del Ministerio de Economía y Finanzas, tampoco se conoce cómo se hacen las transacciones en el Estado para hacer efectivo estas partidas.

El abogado Cedeño en la carta preparada para entregar a la jefa de la Antai, también solicita que se gestione un desglose del uso de estos fondos.

Recordó que en una reciente resolución de la Contraloría de la República, se reglamento estas donaciones a las cuales, se les estableció un límite de $20 mil al año.

A su juicio el contralor Humbert en lugar de reglamentar la manera en que se hacen estas donaciones, lo debió hacer es dejar claro que como funcionarios del Órgano Legislativo, no están facultados para hacer este tipo de donaciones, pues éstas no aparecen en sus funciones. Recordó que los funcionarios, como tales solo están facultados para hacer lo que les permita la ley o la Constitución Política de la República.

El abogado Cedeño presentará a la Antai, una copia autenticada de la documentación entregada al MEF y la Contraloría de la República, así como las respuestas que recibió de cada uno de estos despachos.

En la nota que se entregará ante la Antai, se reitera la solicitud de que se haga cumplir el artículo 40 de la Ley 33 del año 2013 y que se aplique un descuento del 50% del salario de los funcionarios que se niegan a proporcionar la información por considerar que se trata de temas de interés público ante el manejo de los fondos del Estado que le están dando estos funcionarios (diputados) a estos dineros que son del Presupuesto General del Estado.