La sociedad civil insiste en comisión para caso Odebrecht

Actualizado
  • 31/12/2016 01:00
Creado
  • 31/12/2016 01:00
Movin propone crear un grupo de trabajo con autonomía de comprobada integridad, trayectoria y con ausencia de conflictos de intereses 

Organizaciones civiles han recomendado la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario para atender exclusivamente el escándalo de corrupción vinculado a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, que otorgó $59 millones en pago de sobornos a funcionarios panameños durante el periodo 2009-2014 para adjudicarse contratos de obras de infraestructura pública.

CONTRATOS

Odebrecht recibió $9 mil millones

El diputado Elías Castillo, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), asegura que el 17 de mayo el contralor Federico Humbert le entregó una certificación que revela que a la empresa Odebrecht se le han adjudicado 19 contratos hasta mayo de 2016 por el orden de $9,274 millones.

Castillo destaca que desde el 2014 venía dándole seguimiento a la empresa acusada del supuesto pago de $59 millones en sobornos a funcionarios panameños.

El perredista asegura que el 6 de mayo de 2014 le solicitó al presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional que intercediera ante el Ministerio de Obras Públicas para que certificara cuántos contratos a Odebrecht se habían aprobado, adendas y el costo, pero esta institución no respondió nunca a la solicitud. ‘Esta empresa que hoy ustedes están escuchando de su fama, parece que tiene como práctica la de dar estímulos, lo que popularmente se conoce como coima', señala el diputado.

El Ministerio Público creó la Fiscalía Especial Anticorrupción -que estará integrada por Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore- para investigar el caso Odebrecht. Sin embargo, el Movimiento Independiente por Panamá (Movin) considera que la fiscalía especial no será suficiente, en la medida que tenga las mismas carencias que hoy enfrentan otros despachos de instrucción.

‘El problema es que la Fiscalía Especial, con los mismos fiscales que ya estaban sobrecargados de trabajo, no resuelve el problema y agrava los otros casos', señaló Annette Planells, miembro de Movin.

El grupo civil propone, en una comunicación pública, que requería un grupo de trabajo, con autonomía de recursos, que incluya profesionales de comprobada integridad, trayectoria y con ausencia de conflictos de interés que pueda hacer una auditoría financiera a Odebrecht, los contratos, y determinen las sociedades y personas que deban ser procesadas junto con la empresa.

Esto se haría con el objetivo de recuperar los dineros del Estado y llevar la justicia a todos los implicados, de manera eficaz y oportunamente.

De alguna manera, la sugerencia de Movin es respaldada por el abogado Carlos Lee, miembro de la Comisión de Justicia y Paz y de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Lee recomienda la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad para que los responsables de haber perpetrado actos que lesionan los fondos públicos no queden impunes.

Según Lee, una comisión internacional, integrada por expertos alejados de los intereses que están involucrados en los delitos que se investigan, podrá dar la garantía de independencia e imparcialidad que la ciudadanía demanda.

El Ministerio Público, por su parte, informó que los tres fiscales que viajaron a Washington, Estados Unidos, para recabar información sobre los casos Odebrecht y Fifa retornaron ayer al país.

‘Durante las reuniones entre fiscales panameños y norteamericanos se aportó información de alta complejidad que por reserva debe ser diligenciada mediante asistencias judiciales remitidas a Estados Unidos', añadió la institución sobre el viaje de los funcionarios de instrucción.

Ambos grupos de fiscales mantuvieron un intercambio importante de información extraída de las investigaciones concernientes a presuntos actos de sobornos y utilización de instituciones financieras en Panamá, añade la comunicación oficial.

La delegación de fiscales panameños estuvo presidida por el subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, David Díaz, y dos representantes del Despacho Superior y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

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