TCT: dos procesos judiciales y cuatro contratos más

Transcaribe Trading (TCT), la empresa que se encargó del diseño y construcción de la autopista Arraiján La Chorrera, que presentó fallas en su asfaltado y seguridad y que según informes de la Asamblea Nacional de Diputados costó entre $50 y $60 millones de más, se adjudicó cuatro nuevos contratos con esta administración de gobierno.

Ramón Arosemena, como ministro de Obras Públicas, contrató a TCT para asfaltar las calles de la ciudad y para la ejecución del proyecto ‘Trabajando por tu Barrio'. La institución le otorgó al menos cuatro contratos que suman $24.3 millones, según los cálculos de este medio de comunicación, consultando los documentos a los que ha tenido acceso.

AUTOPISTA LA CHORRERA ARRAIJÁN

MP pide tiempo para investigar sobrecostos

El Ministerio Público (MP) adelanta una investigación contra la constructora Transcaribe Traiding (TCT) por supuestos sobrecostos en el diseño y contrucción de la Autopista Arraiján La Chorrera, por un monto de $152.6 millones, aseguró Tania Sterling, encargada de la Fiscalía Primera Anticorrupción.

En el gobierno de Ricardo Martinelli, y bajo la gestión del entonces titular del MOP, Federico Suárez, se informó que la obra se realizaría a un monto de $152.6 millones dólares. Sin embargo, hubo adendas posteriores, por lo que el monto aumentó y terminó costando $159.9 millones.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional de Diputados entregó al Ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, un informe investigativo del Proyecto Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Ensanche de la Autopista Arraiján - La Chorrera, el cual refleja que hubo sobrecosto (por $50 y $60 milones) en los cálculos de construcción.

Luego el contralor, Federico Humbert aseguró que existen deficiencias y defectos en la rodadura de la carpeta asfáltica. Además, quedaron trabajos sin concluir. Humbert pidió que se ejecutará un fianza de cumplimiento para culminar la obra.

El MP, por su parte, espera a que se le otorgue una extensión del término de la investigación para continuar ----el proceso.

El primero de estos contratos fue firmado el 7 de marzo de 2016, por Ramón Arosemena, en representación del Ministerio de Obras Públicas; y Daniel Ochy Diez, representante legal de TCT; por un monto de $7.1 millones y con un vigencia de doce meses.

El alcance de este proyecto incluye los niveles de cámaras de inspección, parcheo profundo y superficial, reposición de losas, sellos de grietas y juntas, conformación de calzadas, colocación de material selecto y capabase, colocación de capa asfáltica, señalización horizontal y vertical, reparación y confección de aceras, reparaciones del sistema fluvial, limpieza de drenajes y cauces, entre otros. Este contrato debe ejecutarse en las divisiones de metrovial 1,2,3, en el área canalera, Panamá Oeste 1a, 1b, 2, renglón 6.

Un mes después, el 7 de abril de 2016, el representante legal de TCT y el ministro del MOP firmaron un segundo contrato para asfaltar las calles de la ciudad, por un monto $4.1 millones y con un vigencia de doce meses. Este nuevo contrato debía ejecutarse en las divisiones de San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este. El alcance del contrato era similar al primero.

Seis meses después, el 13 de abril de 2016, la constructora y el Ministerio de Obras Públicas firmaron dos contratos más: uno por $7.4 millones y otro por $5.7 millones. Ambos también con un vigencia de doce meses. Entre el 27 de marzo y el 27 de mayo de 2017 los cuatro contratos fueron refrendados por la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert.

TCT enfrenta actualmente dos procesos judiciales: uno por sobrecostos en la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera y otro por delito ambiental y ordenamiento territorial, por la extracción de materiales no metálicos para la carretera desde Paso Canoas hasta Puerto Armuelles.

El diputado José Antonio Domínguez asegura que no se explica cómo una empresa causa daño en un proyecto y los ministerio o la Contraloría se presta para que participe en otro proyecto. ‘Puedes tener procesos aquí, pero te doy más por allá', dice.

El 2 de enero de 2017, durante la instalación de la Asamblea Nacional, el diputado José Luis Varela reconoció que la autopista ‘esta muy mal hecha y es una porquería'. Sin embargo, admite que no existe forma legal de impedir que compañías con malos antecedentes puedan seguir licitando con el Estado.

¿DOBLE DISCURSO?

Ese mismo día, Arosemena aseguró que la empresa se ganó las licitaciones ‘por mejor valor'. Por un lado, el ministro defiende las contrataciones. Pero, por el otro lado, cree que la constructora no debió volver a ser contratada por los resultados de la autopista. ‘Estamos inspeccionándolos, lo que construyen tiene garantía', alegó el funcionario.

El titular del MOP agregó que la constructora no tiene ningún impedimento para competir en las licitaciones públicas. Pero, no todos comparten su opinión. En una reciente entrevista otorgada a TVN Noticias, el diputado Quibian Panay aseguró que la ley de contrataciones públicas permite tomar cartas en este asunto. "Es un tema de voluntad política', precisó.

‘Considero que con la legislación actual se puede, pero falta voluntad política para evitar que las empresas que tienen un mal record de cumplimiento sigan participando en procesos de licitación', precisa.

Para Annethe Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), es ‘inaceptable' contratar a una empresa a la que acaban de ejecutar una fianza por la mala calidad de un proyecto y que tiene además denuncias de sobrecostos en ese misma obra (la autopista Arraiján La Chorrera).

Planells señala que por un lado alegan (la administración) que la ley no les permite inhabilitar a TCT, pero del otro lado hay un comunicado de que lo están haciendo con Odebrecht, ¡Es un doble discurso inaceptable!, sostiene.

A juicio de la representante de Movin, cuando existe la voluntad para hacer las cosas se hacen. ‘El contralor tiene la potestad de no refrendar estos contratos, esperemos que lo haga para proteger los dineros de todos los panameños', acotó.

Investigación Judicial

Llamado a indagatoria a los ejecutivos de TCT

El consorcio Transcaribe Traiding S.A. y Constructora Meco S.A., que en 2012 se adjudicaron la construcción de la carretera desde Paso Canoas hasta Puerto Armuelles, enfrentan un proceso penal por delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial, acusados de extraer minerales no metálicos sin los permisos correspondientes.

Ambas constructoras ganaron la licitación para la construcción de la carretera por un monto de $114.0 millones.

La concesión contemplaba la obtención del caliche o grava requerido para la obra en un globo de terreno de 44.75 hectáreas, de lo que se extraerían 220,871 m³ de grava, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, que nunca se utilizó.

El consorcio extrajo, según un expediente que instruye la Fiscalía Primera de Descarga, material pétreo en ocho hectáreas de la finca privada propiedad de Juan Sánchez Quintero, ubicada en Bugaba.

Esta extracción de minerales provocó serios daños ambientales y económicos a la propiedad de Sánchez Quintero.

La Fiscalía Primera de Descarga de Chiriquí encausó por delito contra el medio ambiente a los miembros de la junta directiva de ambos consorcios, a saber: Roberto Hernández Medina, José Alfredo Sánchez Zumbado, Fabio Enrique Barona, Victoria Brenes Ruiz, David Marco Ochy Diez, Daniel Miguel Ochy Diez y Dina Ochy Diez.