Acudir a la CIDH como última instancia

Previo a la solicitud de la medida cautelar interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Resolución del 30 de octubre de 2014 dictada por la Autoridad del Canal de Panamá, los residentes han cumplido con denunciar los hechos ante diferentes autoridades ambientales y otras competentes de Panamá, incluso interpusieron un Amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la ACP pero la Corte fallo el 18 de agosto de 2016 en contra a pesar de las pruebas y elementos firmes sobre los incumplimientos que afirman los vecinos se aportaron a la Corte. "La Corte desestimó los elementos y pruebas presentados en el Amparo, en particular los violentos daños al derecho de propiedad que los residentes tendrán con el nuevo puerto".

Los quejosos también presentaron una serie de denuncias y demandas a la ACP, al Ministerio de Ambiente y otras autoridades, entre ellas, efectuaron una queja administrativa ante el procurador de la Administración que fue respondida mediante nota de la ACP, en noviembre de 2016, en la que la ACP esta "desconociendo las normas panameñas sobre los Estudios de Impacto Ambiental que ella misma aprueba a su medida, done es por tanto juez y parte, de una categoría inferior" -se lee en el texto- a pesar de que el puerto de Balboa tiene un EIA categoría III, "todo ello con el propósito de no efectuar una consulta pública con las comunidades y otro actos, todo dirigido a desconocer las comunidades impactadas por la construcción del puerto de Corozal, lo que demuestra los actos ilícitos de la ACP".