Panamá planta cara por listas fiscales a la UE, mientras que Bruselas evade el fondo y apuesta por negocios

El primer Foro Global Gateway de la Unión Europea (UE) en Centroamérica, celebrado este jueves 19 de marzo en Panamá, se convirtió en el escenario de un inusitado duelo dialéctico que personifica la actual tensión entre la República de Panamá y el bloque de los 27. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, exigió con vehemencia el fin de la estigmatización financiera del país, advirtiendo que Panamá no aceptará menos que un trato justo como aliado estratégico; la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, intentó matizar el conflicto calificándolo como un “irritante” diplomático, instando a las autoridades a desplazar el foco de las listas hacia las oportunidades de inversión.

Esta contraposición de visiones surge en un momento crítico: Panamá mantiene firme su estrategia de defensa, sumando alianzas internacionales y reforzando medidas de presión, mientras la UE intenta consolidar su papel como socio preferido a través de inversiones y movilización de capitales.

La intervención del canciller Martínez-Acha en la apertura del foro fue tajante y cargada de simbolismo histórico. Ante cientos de participantes, el diplomático rechazó la permanencia de Panamá en los registros de jurisdicciones no cooperativas ratificados por el Consejo de la UE en febrero de 2026.

“Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria. De ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país. En ninguna. Nuestra historia, nuestros actos y nuestra cooperación internacional lo demuestran”, afirmó Martínez-Acha con contundencia. El canciller apeló a la memoria institucional de Europa, recordando que, incluso en los momentos más difíciles del Viejo Continente, el istmo ofreció episodios de solidaridad que “no necesitan proclamarse, pero sí recordarse, como testimonio de una relación construida sobre valores reales y no circunstanciales”.

Esta postura no es aislada, sino que emana de la doctrina establecida por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, desde el inicio de su gestión. El mandatario mantiene una campaña activa para defender al país de listas que considera “denigrantes e injustas”, señalando a ciertos Estados miembros de la UE como los principales opositores a la salida de Panamá de estos catálogos. Como respuesta, Mulino implementó una política de retorsión directa: cualquier nación que mantenga a Panamá en estas listas será “excluida” de hacer negocios con el Estado. “Ninguna licitación, ningún contrato, ninguna asesoría de ningún tipo”, ha sido la directriz presidencial.

Martínez-Acha reforzó este mensaje de dignidad nacional: “Panamá no pide privilegios. Panamá exige justicia. Panamá no busca concesiones. Panamá ofrece soluciones. Y Panamá, con firmeza y dignidad, seguirá defendiendo su lugar en el mundo como un país abierto, confiable y profundamente comprometido con el desarrollo global. Porque en un mundo fragmentado, Panamá no divide... Panamá conecta”.

En la otra acera, la embajadora Izabela Matusz planteó una interrogante que resume la visión de Bruselas: “¿Podemos concentrarnos en las listas o podemos ver las oportunidades que trae la cooperación con la Unión Europea?”. La diplomática reconoció el esfuerzo del gobierno panameño para introducir más transparencia y buena gobernanza fiscal, pero insistió en que la relación bilateral debe ser “multifacética” y no quedar secuestrada por la controversia tributaria.

Matusz destacó que la UE es actualmente el segundo inversor en Panamá y su segundo socio comercial, con capitales que calificó de “calidad”: inversiones que traen tecnología, empleo real y estabilidad social. “A nosotros nos gustaría que nuestras relaciones no se concentrasen tanto en esta lista. Este foro muestra que tenemos toda una plataforma posible de cooperación”, señaló, añadiendo que la próxima evaluación técnica por parte de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) tendrá lugar en el mes de octubre.

Sobre la naturaleza de la lista, la embajadora defendió el “derecho soberano” del bloque de 27 países de “proteger su base fiscal” y asegurar que quienes utilizan su infraestructura y servicios públicos paguen impuestos en Europa. Explicó, además, que la legislación europea funciona de manera descentralizada: cuando un país está listado, cada Estado miembro es libre de elegir qué medidas de vigilancia o restricción aplica a sus empresas. “Algunos países miembros sí ponen restricciones a sus empresas para las inversiones directas... pero no hay una restricción general por parte de nosotros. De hecho, hay mucho, mucho, mucho interés”, aclaró.

Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario analizar el entorno regulatorio actual. En su revisión de febrero de 2026, el Consejo de la Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista negra, señalando deficiencias en transparencia y el intercambio de información. Panamá comparte esta categoría con jurisdicciones como Samoa Americana, Rusia, Vietnam y las Islas Vírgenes estadounidenses, una vecindad que el gobierno panameño considera inaceptable dada su estructura económica actual.

La UE impulsa estos estándares bajo el argumento de que, sin reglas de “sustancia”, estas jurisdicciones pueden facilitar el traslado de utilidades sin actividad económica real, afectando la recaudación de otros países. Sin embargo, este rigor técnico choca con la realidad política y comercial que el foro Global Gateway intenta promover.

El principal anuncio económico del encuentro fue la canalización de $1,200 millones para infraestructura en Centroamérica, a través del Global Gateway Investment Hub, con una canasta de proyectos que también incluyen inversiones estratégicas para Panamá, entre los que se analiza el proyecto de Interconexión Eléctrica entre Panamá-Colombia y el Tren Panamá-David.

Esta plataforma está diseñada para movilizar inversiones estratégicas en áreas clave para el desarrollo regional:

A pesar de las discrepancias, el canciller Martínez-Acha destacó que Panamá valora el acompañamiento recíproco de países amigos que han mostrado un respaldo concreto, mencionando específicamente al Reino Unido, España, Italia y Grecia. Hizo especial énfasis en la reciente visita del Presidente de Alemania, la “locomotora de Europa”, interpretándola como una señal de confianza técnica y política que trasciende la burocracia de las listas. “Ese gesto no es menor. Es una señal de confianza; y Panamá responde a esa confianza con hechos”, afirmó.

Por su parte, la embajadora Matusz concluyó que, si bien la salida de la lista depende de las medidas que tome el país, su deseo es que la UE se consolide como el “socio preferido” de Panamá. “A mí me gustaría que podamos finalmente concentrarnos en las posibilidades que trae la presencia europea en Panamá”, expresó.

El desenlace de esta tensión se traslada ahora al mes de octubre. Mientras tanto, Panamá continuará operando bajo una “paz armada” diplomática, utilizando su peso logístico y sus medidas de retorsión como herramientas de negociación, mientras Europa intenta demostrar que sus promesas de inversión de calidad pesan más que las sanciones fiscales que hoy empañan la relación bilateral.