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Fiscalía mantiene órdenes de captura contra el Clan del Golfo y complica estrategia de paz de Petro
- 13/05/2026 16:33
El Ejecutivo insiste en avanzar con negociaciones supervisadas internacionalmente mientras continúan activos procesos judiciales y solicitudes de extradición contra integrantes armados
La decisión de la Fiscalía General de la Nación en Colombia de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo abrió un nuevo capítulo de tensión entre el sistema judicial colombiano y la estrategia de paz impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El ente investigador rechazó, por ahora, la petición presentada por el Gobierno nacional para suspender temporalmente las capturas de miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), incluido su máximo líder, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de “Chiquito Malo”.
La Fiscalía argumentó que antes de adoptar cualquier decisión es indispensable verificar individualmente la identidad de cada integrante, su situación judicial y el cumplimiento de las condiciones legales exigidas dentro del eventual proceso de sometimiento y desmovilización.
El Gobierno insiste en avanzar con los diálogos
La solicitud del Ejecutivo hace parte de los preparativos para iniciar conversaciones formales con el Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más poderosas de Colombia y señalada por actividades relacionadas con narcotráfico, homicidios, extorsión y control territorial armado.
El presidente Petro defendió públicamente el proceso y aseguró que todas las medidas adoptadas cumplen estrictamente con la legislación colombiana y cuentan con supervisión internacional.
Según el mandatario, gobiernos extranjeros participan como garantes e intermediarios para asegurar transparencia y legitimidad en cada etapa de las negociaciones.
“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz”, expresó el jefe de Estado, reiterando que el objetivo es avanzar hacia el sometimiento a la justicia y la reducción de la violencia armada.
Las Zonas de Ubicación Temporal
Uno de los principales puntos del proceso es la creación de las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios definidos por el Gobierno para concentrar a integrantes del grupo armado mientras avanzan las negociaciones.
De acuerdo con la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, se autorizó inicialmente el traslado de 29 miembros del Clan del Golfo hacia dos zonas ubicadas en los departamentos de Córdoba y Chocó.
Las ZUT comenzarían a operar oficialmente el próximo 25 de junio y estarán bajo coordinación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
El Gobierno sostiene que estos espacios buscan facilitar la desmovilización, la entrega de armas y la transición de los integrantes hacia actividades legales.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que dichas zonas no representan una autorización automática de movilidad ni suspenden de inmediato las responsabilidades judiciales de los implicados.
Alias “Chiquito Malo”, pieza clave del proceso
Dentro del listado entregado por el Gobierno aparece alias “Chiquito Malo”, considerado el principal cabecilla del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.
Sobre él pesa un concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025, aunque la decisión definitiva sobre su entrega corresponde al presidente de la República.
La situación del líder criminal se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del proceso, debido a la presión internacional y al impacto político que tendría cualquier eventual suspensión de captura o extradición.
La Fiscalía enfatizó que, hasta el momento, la información presentada por el Ejecutivo únicamente demuestra el compromiso de ingreso a las ZUT, pero no acredita que se hayan cumplido todos los requisitos pactados ni el control efectivo sobre los integrantes del grupo armado.
Procesos judiciales siguen activos
El organismo investigador dejó claro que las investigaciones penales continúan plenamente vigentes y que cada caso será revisado de manera individual.
Además, señaló que las órdenes de captura solo podrán suspenderse cuando exista plena verificación del cumplimiento de todas las condiciones legales establecidas.
La resolución también fue notificada al Ministerio de Defensa, entidad encargada de garantizar la seguridad de los traslados, así como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), responsable del monitoreo internacional.
Un proceso rodeado de incertidumbre
El intento del Gobierno de negociar con el Clan del Golfo forma parte de la política de “paz total” impulsada por Petro desde el inicio de su mandato. Sin embargo, el proceso enfrenta críticas por parte de sectores políticos, organismos judiciales y expertos en seguridad, quienes advierten sobre los riesgos de otorgar beneficios sin garantías suficientes de desmantelamiento criminal.
Mientras el Ejecutivo insiste en construir condiciones para una transición hacia la legalidad, la Fiscalía mantiene una postura más cautelosa y sostiene que no flexibilizará medidas judiciales sin verificar plenamente el cumplimiento de las exigencias legales.
La tensión entre paz y justicia vuelve así al centro del debate nacional en Colombia, en medio de un proceso que aún está lejos de mostrar resultados definitivos.
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