Ayú Prado se opone a la inconstitucionalidad de los subsidios

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, no está de acuerdo con el proyecto de fallo que declara inconstitucional el Decreto Nº 441-2016-DMySC de 25 de octubre de la Contraloría General, mediante el cual reglamenta los subsidios que otorgan los diputados.

DEMANDA Y CRÍTICAS

Las ayudas económicas que otorgan los diputados son criticadas

El abogado Ernesto Cedeño demando por inconstitucional el Decreto de la Contraloría, que regula las donaciones en la Asamblea Nacional.

El pleno de la Corte Suprema tiene previsto discutir el tema el próximo jueves en la reunión ordinaria.

Una fuente del Órgano Judicial contó a La Estrella de Panamá que el magistrado Ayú Prado cuestionó el proyecto de fallo en una extensa nota enviada el 24 de enero pasado.

El termino de lectura del proyecto de fallo del magistrado Harry Díaz, que declara inconstitucional el Decreto, venció este viernes 17 de febrero y, de acuerdo a la fuente del Órgano Judicial, el magistrado Ramón Fábrega también presentó observaciones.

Dijo que Ayú Prado cuestiona que la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el abogado Ernesto Cedeño en noviembre pasada, es en contra del Decreto de la Contraloría y no en contra de la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2017.

El argumento del magistrado Ayú Prado, según la fuente, es que en el presupuesto del Estado se la asigna a la Asamblea Nacional un ‘cero en materia de subsidios'. Es por eso, alega, que el magistrado no ‘entiende la extensa narrativa de la constitucionalidad o no de los subsidios en la Asamblea Nacional'.

El magistrado incluso, contó la fuente, hace referencia a la opinión de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, quien se solicitó que el Decreto fuese declarado inconstitucional.

La opinión de la procuradora obedece a un traslado que le hace la Corte Suprema de Justicia de la demanda.

El magistrado Ayú Prado también hace referencia al artículo 7 de la Ley de Presupuesto del Estado, mediante el cual se aprueba $2,325,000 para transferencia corriente de la Asamblea Nacional, pero no se hace referencia de subsidios.

El magistrado Ayú Prado hace un desglose de los $2.3 millones del presupuesto, narró la fuente. De esta cifra, $142,000 es para ‘beca de estudio', $1,253,000 para el ‘exterior' y $920,000 para ‘personas'.

Además considera que la Contraloría debe fiscalizar y regular los $2.3 millones que se le destinó a la Asamblea en concepto de transferencia corriente, que , a su juicio, se traspasan al propio sector público, al exterior y privado.

El magistrado presidente pide que el tema sea discutido en el pleno ordinario.

Cedeño dijo que la Corte tiene planeado discutir el tema el próximo jueves, cuando se reune el pleno conformado por los nueves magistrados.

‘Hay dos corrientes una que dice que es inconstitucional y otra que objeta esta opinión', dijo Cedeño y espera que la Corte demuestre su independencia.