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Jubilados presentan denuncia en Defensoría
- 16/03/2017 01:06
Los miembros de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo presentaron una denuncia ante el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, en la que exigen el pago de doce años de las partidas del décimo tercer mes, más los intereses acumulados sobre la deuda durante esos años.
La demanda se sustenta en una carta firmada por Luis Chen González y José Luis Moreno.
En la misiva establecen que se violan sus derechos económicos a través del proyecto de ley 461 de la Asamblea Nacional, con la que 180 mil trabajadores entre los años 1972 hasta 1983 no recibirían el pago de sus décimos adeudado por el Estado.
Inconformes, proponen que la Defensoría del Pueblo medie en el conflicto a través de una mesa de diálogo entre los jubilados y el Estado.
Los jubilados, que suman unos 180 mil según la coordinadora, afirman que el Estado debe cubrir la deuda porque es producto de un ‘préstamo' que hicieron con el compromiso de ser devuelto.
Mediante la Ley 17 de 1983, las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes fueron destinadas al Banco Hipotecario Nacional para un programa de viviendas obrero-campesinas y luego, transferidas a la Caja de Seguro Social, específicamente al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
Los afectados han realizado durante años varias manifestaciones exigiendo los pagos de las partidas adeudadas, se han reunido con el presidente Juan Carlos Varela y otras autoridades.
Por el tema, los jubilados y pensionados mantuvieron diferencias con el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, quien se opuso a sus pedidos.
‘No es justo que el Ejecutivo gaste dinero en paseos, viáticos, viajes, componendas millonarias en la Asamblea, ordene cancelar proyectos y otros gastos más donde se van gran cantidad de millones de dólares, y a nosotros nos tiren las puertas en nuestras propias caras, sin un viso de arrepentimiento alguno', denunció David Acosta, dirigente de los jubilados.
La Asamblea aprobó un proyecto de ley que establece que el pago se hará con el dinero recuperado de los actos de corrupción que cautela el Ministerio Público.
‘Que se organice una mesa de diálogo liderada por la Defensoría',
DAVID ACOSTA
DE LA COORDINADORA NACIONAL DE JUBILADOS