La realidad del estado de las finanzas públicas

Las calificadoras de riesgo, al momento de analizar un país, evalúan su capacidad para repagar la deuda. Factores como el crecimiento económico, el nivel de endeudamiento, las recaudaciones, el gasto, la inversión pública, la estabilidad social y política, entre otros, son indicadores que se verifican al emitir una opinión.

En el caso de Panamá, obtuvimos grado de inversión en 2010. En 2024, perdimos ese grado de inversión por parte de una de las tres calificadoras más importantes (Fitch), y se mantiene el riesgo de perderlo por parte de las otras dos calificadoras (S&P y Moody’s). El factor principal en este “downgrade” ha sido el deterioro de las finanzas públicas. En un artículo publicado en días pasados, hice una comparación de cómo las recaudaciones tributarias habían caído un 4,2 % del PIB del año 2013 al 2024. Esto representa cerca de $3.700 millones. El déficit del año 2024 fue de $6.426 millones, o un 7,4 % del PIB. Este es el déficit más alto de la historia, superado solamente por el 10,2 % del 2020, cuando el mundo estaba sumergido en la pandemia de la COVID.

Como vemos en la tabla, el promedio del déficit de las últimas tres administraciones fue de 1,9 % en el gobierno de Martinelli, 2,4 % en el de Varela y 5,5 % en el de Cortizo. El promedio de crecimiento económico en esas administraciones fue de 8,3 % con Martinelli, 5,4 % con Varela y 3,8 % con Cortizo. Traigo a colación estas cifras porque hay una correlación entre crecimiento y déficit fiscal. Menor crecimiento equivale a menor recaudación y el resultado, por no hacer los ajustes correspondientes, es un déficit más alto. Más adelante explicaré esto. En el 2024, la nueva administración del presidente Mulino recibe un país en crisis, con una actividad importante suspendida (minería) y unas finanzas públicas sangrando en rojo por todos lados. Toca hacer una labor titánica para corregir el rumbo.

Quería ahora compartir otras cifras para dimensionar el deterioro de la economía y de las finanzas del Estado. Uso el año 2013 como referencia porque fue el año que mejor desempeño tuvo el país en materia de recaudación, eficiencia del gasto, inversión pública, etc., según las cifras publicadas por el MEF.

Como dije anteriormente, lo que analizan las calificadoras de riesgo es la capacidad de repago de la deuda contraída por el país. Aquí vemos que, del lado del ingreso, el deterioro es grande. Los ingresos tributarios han caído un 39,6 % del 2013 al 2024. Es decir, en términos de valor presente, se está recaudando $3.683 millones menos en 2024 de lo que se recaudaba en 2013, manteniendo la misma relación contra el PIB.

Por el lado del gasto, el gasto corriente ha subido un 19,6 %, pasando de un 10,7 % del PIB a un 12,8 % del PIB. El gasto corriente es bastante rígido y, con leyes especiales de aumentos automáticos y/o jubilaciones especiales en áreas como educación, salud y seguridad, es mucho más complicado poder reducirlo. Tampoco es cierto que se pueden eliminar $3.000-$5.000 millones del gasto de una vez, como algunos dicen sin saber. Sí se debe ir viendo cómo se hace más eficiente ese gasto y se van bajando las asignaciones en materia de viáticos, consultorías, y paulatinamente bajar la planilla. Digo paulatinamente porque el desempleo ya está alcanzando el 10 %.

La inversión pública ha caído un 47,6 %, pasando de un 8,4 % del PIB a un 4,4 % del PIB. Lo que han hecho los últimos dos gobiernos para tratar de mantener un déficit controlado es bajar drásticamente la inversión del gobierno. Pero esto es contraproducente porque, al final de cuentas, esa inversión se traduce en la creación de empleo, crecimiento económico y más ingresos.

Otro indicador que se usa para ver la sostenibilidad de las finanzas públicas es la relación deuda/PIB; es decir, qué porcentaje de la economía es el nivel de endeudamiento del país. Aquí también se ve un deterioro fuerte. Pasamos de un 33,7 % a un 58,7 % de deuda/PIB, lo que es un incremento del 74,2% en los últimos 11 años. Y quizás el mejor ejemplo del deterioro de las finanzas de Panamá es el ahorro corriente, que pasó de ser un 4,1 % del PIB en 2013 a un -3,4 % en 2024. Esto es una caída del 182,9 %. La definición de ahorro corriente es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Es decir, en 2024 los ingresos corrientes no cubrieron los gastos de funcionamiento del Estado. Tuvimos que contratar deuda para pagar planilla e intereses.

En conclusión, la realidad de las finanzas públicas es peor de lo que muchos se imaginan. No son sostenibles en el tiempo sin tomar medidas drásticas. Como vimos, estamos usando deuda para pagar planilla. Y ahora hay que agregar otro factor: aunque la reforma de la CSS es muy positiva porque le da sostenibilidad al programa de IVM, no menos cierto es que, producto de esa reforma, el Estado tendrá que destinar el equivalente al 1,1 % del PIB al programa IVM, lo cual presiona más las finanzas estatales. Entonces, ¿qué hacer? Fue positivo leer que el MEF va a tomar acciones para ser más eficiente en recaudar impuestos, pero esos resultados tomarán tiempo. De igual manera, los anuncios hechos por el presidente de eliminar algunas instituciones van en el camino correcto, pero su impacto en el gasto de funcionamiento es poco. La contención del gasto anunciada por el MEF en realidad es una contención mayormente de la inversión, lo cual, como menciono anteriormente, es contraproducente. El Estado tiene activos o acciones que puede usar para generar inversión pública sin afectar las finanzas públicas. Ejemplos son concesiones de carreteras, puertos, hidroeléctricas, plantas potabilizadoras de agua, entre otras. La minería es una actividad que debe reactivarse para generar empleo e ingresos para el Estado. Y finalmente, a mi criterio, una reforma fiscal es inevitable. Con esto no estoy hablando de incremento de impuestos, sino de eliminación de exoneraciones y exenciones, incluso la necesidad de redefinir nuestro régimen territorial en materia tributaria.