24 de Feb de 2020

Nacional

‘En el penal Punta Coco se respetan los derechos humanos'

Juan Carlos Varela advirtió que se preve aumentar la capacidad de la cárcel insular, a pesar de las últimas recomendaciones de la CIDH

‘En el penal Punta Coco se respetan los derechos humanos'
Juan Carlos Varela recorrió La Joya durante jornada de voluntariado interinstitucional.

‘Punta Coco se va a mantener abierta, prefiero que nos cuestionen a poner en riego la vida de panameños y panameñas', advirtió el presidente Juan Carlos Varela, quien afirmó que dentro del penal se respetan los derechos humanos e invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a volver a recorrer el penal.

Varela aseveró que entiende la posición de la CIDH, pero que la cárcel, ya cuenta con las adaptaciones que pidieron los representantes de la CIDH durante su primer recorrido de inspección. ‘Sí, están un área de máxima seguridad, porque son personas muy peligrosas y están siendo procesados por el sistema judicial, sin embargo el Estado garantiza el traslado de los familiares, abogados al lugar y tratamiento digno para todos', aseguró Varela.

Según el mandatario, de ser trasladados los doce detenidos a las cárceles de la ciudad, estos utilizarían la cercanía para ordenar ejecuciones y dirigir desde las celdas a grupos delincuenciales, dijo Varela, defendiendo su posición respecto a la cuestionada cárcel insular, sus declaraciones se dieron en el marco del recorrido por el centro penitenciario La Joya en el Día del Voluntario.

‘Nunca las políticas de seguridad debe estar por encima de los derechos humanos',

MARIBEL JAÉN,

COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ

Según información de Cancillería, el Gobierno Nacional fue notificado de manera oficial el viernes 24 de marzo por la tarde, a través de una comunicación emitida por la Secretaria Ejecutiva de la CIDH sobre el fallo, que contiene recomendaciones y amplía las medidas cautelares a las personas privadas de libertad en Punta Coco. ‘La Cancillería está en el proceso de coordinar con las autoridades competentes al respecto', informó la entidad.

PREOCUPACIONES

Maribel Jaén de Justicia y Paz hizo un llamado al Gobierno nacional para que cumpla con las recomendaciones ofrecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recordó que Panamá tiene un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que debe respetar.

Para Jaén el accionar del Estado debe ir acorde con las políticas de derechos humano que promulga de manera internacional.

‘Nunca las políticas de seguridad deben estar por encima de los derechos humanos', advierte la representante de la Comisión de Justicia y Paz.

Jaén recordó que sobre la cárcel Punta Coco se han expuesto los riesgos que no solo tienen los privados de libertad, sino la familia y la representación legal de los detenidos que tienen que cruzar 107 kilómetros de mar para poder llegar a la isla.

Ya antes, la CIDH había solicitado protección para Félix Humberto Paz Moreno, representante legal de los presos, quien ha sido objeto de acoso, entre otras irregularidades.

Por su parte el defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos sostuvo que el Gobierno panameño de no poder cumplir con las recomendaciones de la CIDH, debe encargarse de efectuar las modificaciones necesarias para humanizar el penal insular brindando comida apta para consumo humano, agua potable, asistencia médica, acceso fluido al penal para familiares y defensa de los reos para garantizar el debido proceso.

Pero Castillero Hoyos recordó que los actores vinculados al sistema penitenciario deben conocer los estándares internacionales y nacionales relacionados a la materia, respetando las leyes nacionales de los detenidos, las Reglas Mandela de la ONU, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Convención Contra la Tortura de 1984, entre otras normas.

El fallo de la CIDH solicita al Gobierno trasladar de ‘manera inmediata' los detenidos en Punta Coco a centros penitenciarios que cumplan con los ‘estándares internacionales'.

El organismo internacional, además, pide al Gobierno informar, dentro de un plazo de 20 días, la adopción de las medidas adoptadas para cumplir con el fallo.