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- 16/04/2026 18:02
El Proyecto de Ley 571, aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, modifica la Ley de protección de arrecifes, y según el sector ambiental la desmejora
Unos 700 firmantes, entre ciudadanos, empresas, organizaciones ambientales se unieron para rechazar la modificación de la Ley de Protección de Arrecifes Coralinos y Ecosistemas Asociados, y que se está efectuando mediante el proyecto de Ley 571 aprobada en primer debate, por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.
El pronunciamiento advierte que las modificaciones, presentadas en el proyecto por el diputado Benicio Enacio Robinson Grajales (PRD), desmejora y es un retroceso ambiental cuando el país se esfuerza por construir una reputación como “líder azul” ante foros internacionales de conservación ambiental.
Además, resalta que la norma vigente, la Ley 304 de 2022, y que está siendo modificada, fue el producto de una iniciativa de la sociedad civil organizada y que contó con la asesoría de expertos, apoyada por representantes de los pueblos indígenas y ampliamente discutida por dos años.
La normativa actual prohíbe construcciones, modificaciones y actividades en las aguas y sustratos de los ecosistemas de arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados. Mientras que la modificación que se pretende efectuar en el Legislativo elimina por completo la protección a los pastos marinos y ecosistemas, como manglares y albinas, de la prohibición a nivel de ley, indica el comunicado.
La Estrella de Panamá pudo acceder a una carta con fecha del 24 de marzo y que fue recibida en la Asamblea Nacional este mes, en la que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro Q, respalda el anteproyecto porque “refuerza la tutela jurídica de ecosistemas marítimos”.
La misiva del ministro, dirigida a Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, cita que la propuesta “contribuye a consolidar” el reconocimiento del interés público de los ecosistemas marinos “en armonía con el objetivo y finalidad” de la Ley 304 de 2022”.
A pesar de los cuestionamientos del sector ecologista y de la ciudadanía, el ministro Navarro indica en su comunicado epistolar que la iniciativa “fortalece” los principios de prevención y protección ambiental, sin perjuicio de la aplicación de instrumentos de gestión.
En cambio, el comunicado que recoge el sentir de 700 oponentes a la modificación de la ley coralina advierte que, por el contrario, ordena al Ministerio de Ambiente a reglamentar la materia, sin considerar que la institución a casi cuatro años de la aprobación de la ley, “aún se encuentra en la elaboración de su reglamento”.
“El proyecto de ley, presentado hace tres semanas, también desmejora la protección de los propios corales, ya que ahora solo prohibiría las actividades que le causen daño directo, sin definir este concepto”, indica el pronunciamiento de la organización de litigio ambiental, Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).
Con esto se desconocerían las investigaciones científicas que precisan que hay una enorme afectación a estos ecosistemas por actividades con impactos indirectos tales como “el desarrollo costero desordenado y el uso de plaguicidas”.
La nota que recopila a los firmantes resalta que los tratados internacionales, y la doctrina han establecido que cualquier medida que desmejore el nivel de protección legal ambiental previo, solo es viable cuando existe un “interés público” acreditado y general.
De no cumplirse este requerimiento se infringe el principio de no regresión, que busca asegurar que la legislación ambiental sea desarrollada progresivamente y cada vez más robusta, concluye la comunicación.
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