CSS pierde $352 mil en trece meses por arrendar local  sin ocupar en Las Tablas

Un nuevo escándalo sacudió a la Caja de Seguro Social (CSS) y dejó en evidencia los manejos irregulares de la administración pasada, a cargo de Estivenson Girón, esta vez con un contrato de arrendamiento para instalar la nueva Agencia Administrativa de la CSS de Las Tablas, provincia de Los Santos, pero que a la fecha no ha sido inaugurada.

El tema se llevó a la palestra en el programa Debate Abierto, que conduce el periodista Álvaro Alvarado, por Canal 13, y donde se reveló que la administración Girón contrató un edificio comercial en noviembre de 2015, por casi $13,540 mensuales, y que a la fecha no ha sido utilizado, aunque sí se paga el alquiler como estipula el contrato. Esta mora en ocuparlo ha generado pérdidas a la institución por $352,040.

Los arrendadores del inmueble son Arcadio B. Clement y Jorge Eduardo Man Lee.
Al respecto, se intentó contactar al director encargado de la CSS, Rubén López, pero no fue posible. Sin embargo, en su intervención televisiva y respondiendo a la denuncia del periodista Alvarado, López admitió la irregularidad que se da con este contrato, lo que atribuyó a que no se han instalado aún los acondicionadores de aire, razón por la que no han logrado mudarse a la nueva sede.

La instalación de los aparatos del aire acondicionado no se ha logrado resolver por problemas de trámite, según explicó López, añadiendo que ha estado trabajando con un equipo técnico para resolver no solo éste, sino otros problemas más que dejó la anterior administración. En el caso de los locales no ocupados, aseguró que la CSS ha estado dejando de pagar estos arrendamientos, lo cual se está resolviendo.

Como ejemplo, citó la adquisición de una proyectada lavandería para el complejo hospitalario, cuyo monto sería de $40 millones, lo cual tachó López de "excesivo", toda vez que la actual lavandería puede mejorarse sin llegar a tan fuerte erogación.

Vale recordar que en la administración de Sáez Llorens también se arrendaron locales en Curundú, en 2012, los que importaron un monto de $36,800, en 36 meses y no fueron ocupados, pero igualmente, se pagaba el alquiler, lo que algunos expertos en derecho administrativo califican como alguna forma de peculado.