Etesa, atrasada en áuditos de estados financieros

Desde el año 2014, los estados financieros de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) no son auditados por un tercero. Al menos no aparecen en el portal de Internet de la empresa pública. El último documento auditado por la firma KPMG data del 2014. El atraso en esta tarea es de dos años.

Según Etesa, la auditoría del año 2015 con KPMG culminará en este mes de abril. ‘El atraso se debió a cambios en el sistema y la mayor exigencia de información que se requiere divulgar', dicen.

De igual forma, la auditoría de los estados financieros del año 2016 se iniciará cuando se concluya la del 2015. Aunque no brindan las razones del atraso, aseguran que ‘la situación financiera de la empresa es sólida y ha tenido resultados positivos en los últimos años'.

Etesa es una empresa de servicio público que podría contar con esos datos sin atrasos, pero no tiene que hacerlo porque la ley no lo obliga. Lo más cerca sobre este tema que obliga la Ley 6 de 1997, que creó la institución, es el artículo 43, que establece que la empresa ‘podrá contratar los servicios de firmas de contadores públicos autorizados para su servicio de auditoría externa'.

Los estados financieros, entre otras cosas, son útiles para evaluar la gestión de la administración de turno con base en la solvencia, rentabilidad y capacidad de crecimiento de la empresa. Además, su publicación es una norma básica del buen gobierno empresarial.

José I. Blandón padre, exdirector del hoy desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), transformado en Etesa, considera que la ausencia de estados financieros auditados es un obstáculo para lograr préstamos o desembolsos de bancos con los que se ejecutan proyectos.

Blandón menciona uno de esos bancos, el Scotiabank, con el que se mantiene una línea de crédito para pagar las indemnizaciones de la compra de terrenos o servidumbres que ocupará la tercera línea de transmisión eléctrica en su último tramo, Coclé a Panamá.

Etesa no dice cuántas fincas faltan aún por negociar para sacar adelante el proyecto. A este punto, la empresa respondió en un cuestionario efectuado por correo electrónico que ‘a pesar de todos los retos que se han confrontado, se estima que la tercera línea de transmisión esté operativa para el tercer trimestre de este año'.

FISCALIZACIÓN

Etesa tampoco ha sometido sus plantas y equipos a un ente independiente que los certifique.

Blandón cuestiona el rol del regulador, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en la fiscalización de Etesa.

El exdirector del IRHE se pregunta qué grado de independencia tiene éste, o cuántas sanciones impuso a Etesa por los retrasos en la entrega de la línea de transmisión eléctrica tres, que ya ha costado al Estado más de $170 millones que reclaman las generadoras en concepto de indemnización.

Al respecto, Etesa explica que la construcción de la tercera línea de transmisión se comenzó cuatro años más tarde de lo establecido en el Plan de Expansión Etesa.

La administración anterior, añade, hizo la licitación en 2013, la adjudicación y orden de proceder se concretaron en mayo del 2014. Desde ese momento, hay un atraso de diez meses en la ejecución por el problema de la servidumbre, que ha sido más difícil de lo esperado por el aumento del valor de la tierra en Panamá en la última década.

En una entrevista, Víctor González, director del Centro Nacional de Despacho, manifestó que en septiembre de este año estará listo el proyecto con capacidad de 230 kilovatios.

Sin embargo, Denis Moreno, exadministrador de la ASEP, pone en duda esa fecha. Manifiesta que el tema de las tierras ha atrasado mucho el proyecto, y la parte más conflictiva es la restante, de Coclé (zona hotelera) a Panamá, en la que aún no concluyen las negociaciones con los propietarios porque se especula con el valor de la tierra.

En este sentido, Moreno advierte que este tramo ‘implica muchas pruebas, está difícil que lo inauguren en septiembre, el tramo final es el cruce del Canal y la subestación de Panamá, hay partes donde el tramo eléctrico no se ha montado', indicó el exadministrador de ASEP.

El proceso de negociación toma su tiempo. Etesa explica que primero debe acordar con el propietario del terreno el precio; en caso de que no esté de acuerdo con el pago, el expediente debe remitirse a la ASEP para continuar su trámite.

La ley indica que una vez la ASEP se pronuncia, se realizan los trabajos de construcción de la línea, aún cuando el valor de compensación no se haya acordado. Sin embargo, en la práctica las cosas no funcionan así, porque algunos propietarios impiden el paso a las autoridades.

Carlos Penna tiene más de 45 años de experiencia en el campo. A su entender, para poder funcionar de forma efectiva, Etesa debe pasar por una reingeniería.

Uno de los principales problemas que enfrenta la entidad es la burocracia en los pagos.

‘El problema más serio de Etesa es que no paga a tiempo, y nadie le va a financiar al Estado los retrasos. Hay muchas licitaciones en las que la gente no entra por los retrasos de los pagos, si fueran a sesenta días sería más factible participar'.

De esta forma, es casi imposible planear las estrategias de la institución a mediano y largo plazo.

Aunado a esto, no existe una entidad externa que verifique el mantenimiento de las plantas ni el estado de estas. La responsabilidad, en teoría, recae sobre la ASEP.

Cada cuatro años, la ASEP determina el ingreso máximo permitido y la tasa de rentabilidad de la empresa, según la tasa prime rate de Estados Unidos y la calidad de los servicios. Pero esta tarea no debería esperar tanto tiempo, según el exdirector Denis Moreno, ‘la ASEP podría dar seguimiento de control anuales o de forma sorpresiva; sin embargo, no lo hace por falta de recursos'.

EL APAGÓN

Para Penna, el nuevo director de Etesa es un buen profesional, estudiado, pero si no le dan los elementos para trabajar podrá lograr muy poco.

Etesa fue creada cuando se privatizó el negocio de la energía eléctrica y se convirtió en una sociedad anónima con capital 100% estatal.

Es la columna vertebral de la transmisión de energía que emana de las generadoras. ‘La administración es del Estado, pero desde el punto de vista de operación no se le ha dado el apoyo debido y junto al exceso de burocracia da como resultado la ineficiencia de la empresa', subraya Penna.

La directiva de Etesa aprobó la adquisición de treinta nuevos transformadores que llegarán al país a partir de mediados de mayo para sustituir aquellos que fueron sacados de operación en forma preventiva.

Los recientes apagones ocurridos el 17 y 21 de marzo pasado, provocados por las explosiones en los transformadores, han dejado una estela de dudas sobre las causas de la investigación, cuyas conclusiones podrían tardar tres meses.

Entre tanto, un equipo de peritos de la empresa, personal del fabricante y funcionarios de la ASEP tratan de determinar qué fue lo que causó la explosión.

Penna indica que seguramente ‘Etesa tuvo que haberse dado cuenta de que en el pasado fallaron algunos transformadores, tuvieron que haber investigado a tiempo cuántos de esa fabricación que estaban instalados tendrían que cambiar', dice.

Supuestamente, la vida útil del equipo era de veinte años, pero presentaron desperfectos con 17 años de uso. Si se registraron otros incidentes en el pasado, según Penna, ‘no hubo seguimiento considerando la gravedad del tema'.

Se evidencia, de esta manera, la posibilidad de que el fabricante tenga cierta responsabilidad en los hechos por experiencias surgidas en países como Colombia y Costa Rica, ‘entonces debieron poner la barba en remojo en Panamá', indicó Penna.

Una de las teorías no confirmadas de la explosión es que pudo haberse producido por la falla del aceite interno del transformador. Se espera un informe preliminar en las próximas semanas sobre las razones que ocasionaron las explosiones.

La subestación de Panamá carga con el 60% de la transmisión de energía de la capital.

PRÉSTAMO

El Banco de Desarrollo para América Latina otorgó un préstamo a la Empresa de Transmisión Eléctrica por $100 millones para cumplir con el plan de expansión de los años 2013-2017.

En la misma Gaceta Oficial, 28251-A se publica la incorporación de un aporte de $12,278,875.07 al Fondo de Estabilización Tarifaria para el segundo semestre de 2016 (asunto atrasado, tomando en cuenta la fecha actual), proveniente de la transferencia del Fondo Tarifario de Occidente.

GOBIERNO CORPORATIVO

La empresa estatal Etesa

Etesa enfrenta varios retos en su gobierno corporativo. Uno de los más delicados se refiere a las restricciones contractuales que obligan a la empresa a operar cerca de pérdidas financieras. Como consecuencia, Etesa opera a un costo más alto y en desventaja frente a sus pares del sector privado.

Lo anterior forma parte del estudio efectuado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), para evaluar las buenas prácticas de cinco Empresas de Propiedad Estatal (EPE), entre ellas Etesa.

Esas prácticas, según el documento, perjudican al consumidor, los proveedores y el Estado. Por ejemplo, demasiados desembolsos deben ser previamente aprobados por el Estado, siendo la consecuencia de ello un exceso de burocracia que hace que los pagos a los contratistas puedan tardar hasta 300 días. El retraso provoca que los contratistas incluyan el costo de esos retrasos en sus ofertas, lo que significa que el Estado paga tarde, pero más, casi siempre. De igual manera, las prácticas de adquisición engorrosas significan que las inversiones se retrasan, las operaciones se empeoran y los servicios públicos sufren.

El fundamento de contar con un gobierno corporativo es nombrar a un director independiente del gobierno y de cualquier grupo de interés. La mayoría de los funcionarios están contratados bajo el proceso de Etesa, solo el ministro Dulcidio De La Guardia, presidente de la Junta Directiva, es nombrado por el Ejecutivo.

DATOS SOBRE EL APAGÓN

La junta directiva aprobó la adquisición de 30 transformadores

El 17 de marzo explotaron tres transformadores en la subestación de Etesa de la ciudad de Panamá. El daño dejó a oscuras a gran parte de la ciudad por varias horas.

Los especialistas sospechan que el daño de los transformadores, cuya vida útil culminaba en tres años, fue por un problema de fábrica. La apreciación se basa en hechos ocurridos en Colombia y Costa Rica.